Argentina, Bolivia y Chile ven como el avance de proyectos de extracción de litio amenazan los humedales de estos países, donde a veces se anteponen intereses económicos al resguardo de la biodiversidad.Claves en el equilibrio ecológico y estratégicos para mitigar los impactos delcambio climático al secuestrar dióxido de carbono, los humedales andinos están en la mira, debido a la necesidad de la industria automotriz de usar el litio para electrificar vehículos.
“Los salares son humedales más secos y junto a las lagunas saladas son parte de un mismo ecosistema. Son ecosistemas frágiles que se ven amenazados por la crisis climática y por las actividades extractivas”, recuerda a DW Vivian Lagrava, Coordinadora en Bolivia del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos.
Argentina, Bolivia y Chile concentran alrededor del 53% de las reservas mundiales de este material. “Las empresas transnacionales presionan a los gobiernos para ingresar y actuar en los territorios lejos de sus obligaciones de debida diligencia, con contratos confidenciales, sin respetar los derechos de acceso a la información y participación de las comunidades, y sin atender los mínimos estándares ambientales para realizar sus actividades”, explica a DW Claudia Velarde, codirectora del Programa de Ecosistemas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Según Ramón Balcázar, director ejecutivo de la Fundación Tantí, en un comienzo, “en lo tocante a los humedales del salar de Atacama, no hubo un proceso mínimamente democrático de aceptación y validación de esa minería”. En conversación con DW recalca también la influencia que han tenido las empresas transnacionales en el desarrollo e implementación de la estrategia nacional del litio.
Por otra parte, “las prácticas de esos territorios también son ignoradas, y desde fuera se trata imponer la minería como una única fuente de ingresos para las comunidades, porque es la única actividad que entrega regalías, pero en realidad en estos territorios existen un montón de otras actividades: turismo, agricultura, ganadería… que están invisibilizadas”, dice el ambientalista chileno.
No obstante, ahora, "en Chile, la ley que crea el Servicio de Áreas Protegidas y de Biodiversidad permite que las comunidades no solamente estén participando de las consultas por contratos de litio, si no que también se abre un proceso de declaración de áreas protegidas", afirma Balcázar.
La lucha de las comunidades pasa por los tribunales
Entretanto, comunidades afectadas se han movilizado para detener proyectos que consideran que vulneran sus derechos, llegando a interponer acciones judiciales. En este contexto, destacan “las denuncias de las comunidades aledañas al Salar del Hombre Muerto (Argentina) y del Salar de Atacama (Chile) en donde hay una dura experiencia por la explotación del litio”, recuerda Lagrava.
Solo en Argentina hay más de medio centenar de proyectos en trámite, ubicados, mayoritariamente, en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Mientras que la demanda de las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal argentino, en marzo de 2024, la Corte Suprema de Catamarca ordenó frenar la actividad minera en el Río Los Patos- Salar del Hombre Muerto hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental de la actividad minera.
“Existen grandes victorias ante tribunales que redibujan las reglas del juego con procesos de Evaluación de Impacto Ambiental acumulativos y estratégicos, garantías de consulta previa e informada y participación de comunidades, garantía del agua como derecho humano, etc. Los jueces y las cortes tienen un rol muy importante en la defensa del ambiente y los derechos humanos en la región, y las comunidades y organizaciones de la sociedad civil son quienes están construyendo el camino hacia un nuevo paradigma ambiental en Latinoamérica”, dice a DW la codirectora del Programa de Ecosistemas de AIDA.
Protección no garantiza conservación
A pesar de que existen figuras de protección de los humedales, como el Convenio de Ramsar, reservas de la biosfera y patrimonio mundial de UNESCO, así como áreas protegidas nacionales o municipales, “los Estados no cumplen con sus obligaciones internacionales o nacionales de protección, primando los intereses inmediatos sobre la explotación de los bienes comunes”, lamenta Velarde.
“El rol del Estado es casi contemplativo”, considera la Coordinadora en Bolivia del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, apuntando que “los gobiernos debieron cumplir con varios mandatos del Convenio de Ramsar y asegurar el inventario de humedales, garantizar el uso racional de los mismo y evitar su destrucción, pero en el caso de los humedales alto andinos esto no se ha cumplido”.
Además de regulación, otra acción que puede mejorar la conservación de los humedales es potenciar su papel como sumideros de carbono. “Es un trabajo muy concreto de apostar por los humedales como sumideros de carbono y como reservas de agua donde no solamente hay biodiversidad salvaje sino también modos de vida agropastoriles, para que se entienda que el trabajo de cuidado que ejercen las comunidades sobre estos humedales es, también, una forma de acción climática”, concluye Balcázar.
(ers)
