Ante el aumento de la violencia urbana y la proliferación de armas de fuego en los hogares, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la implementación del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, con el objetivo de reducir los índices delictivos y prevenir accidentes relacionados con el uso de armas.
El programa, cuyos lineamientos fueron publicados en la Gaceta Oficial de la CDMX, se aplicará en las 16 alcaldías y contempla la recolección de armas en los atrios de iglesias ubicadas en zonas con altos índices de homicidios y lesiones por arma de fuego.
Tabulador de recompensas por armas de fuego
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha definido un tabulador de precios para incentivar la entrega voluntaria de armas. Dependiendo del tipo y calibre, los ciudadanos podrán recibir desde $200 por pistolas hechiza hasta $24,300 por ametralladoras.
Las autoridades estiman recolectar alrededor de 2,000 armas de fuego, incluyendo armas cortas, largas, granadas, municiones y proyectiles.
Impacto del programa de desarme en la CDMX
Entre 2012 y 2018, esta iniciativa permitió retirar de circulación 22,641 armas cortas, 10,533 armas largas, 3,007 granadas, más de 323,000 cartuchos y más de 2,600 cargadores y proyectiles, de acuerdo con datos de la SSC-CDMX.
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República advierte que la presencia de armas sin control incrementa el riesgo de homicidios y delitos de alto impacto, además de accidentes fatales en los hogares. Asimismo, destaca que el tráfico ilegal de armas representa una amenaza para la seguridad pública.
El programa “Sí al desarme, sí a la paz” 2025 busca ofrecer una alternativa pacífica para reducir la violencia en la capital, evitando que las armas en circulación sean utilizadas en actos delictivos o accidentes domésticos.
El programa se realizará durante el 2025, y los módulos de canje se instalarán preferentemente, en los atrios de iglesias de las 16 alcaldías, con un tiempo permanente variable que oscila de dos a cuatro semanas, en promedio, de acuerdo con el calendario que se establezcan en coordinación con las instancias participantes.