Ante la gravedad de conductas de acoso y abuso digital, conocidas como grooming, la diputada del PAN, Laura Álvarez Soto, presentó una iniciativa para tipificar esta conducta como delito y establecer sanciones de hasta 11 años de prisión para quienes utilicen medios digitales o presenciales para acosar a menores con fines sexuales.
“El grooming es una de las amenazas más graves y silenciosas que enfrentan nuestras infancias y adolescencias en la era digital. Los agresores se aprovechan del anonimato y la confianza que generan en las redes sociales para manipular, acosar y abusar de menores. Es hora de que la Ciudad de México cuente con un marco legal claro y contundente para castigar esta conducta”, señaló.
De acuerdo con datos de Save the Children, 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en América Latina han tenido contacto con desconocidos en internet, y el 15% han sido presionados para enviar imágenes íntimas.
En México, la cifra es alarmante: el 26% de los menores encuestados han sido contactados con intenciones de establecer una relación virtual, una práctica común entre los agresores para manipular a sus víctimas.
¿Qué busca la iniciativa?
• Quien establezca contacto con un menor de edad a través de medios digitales o presenciales con la intención de obtener imágenes, videos o audios de carácter sexual, será sancionado con penas de entre 7 y 11 años de prisión y hasta 1,800 días de multa.
• Si el delito se comete mediante violencia, amenazas o coacción, la pena se incrementará hasta en un 50%.
La propuesta también contempla la creación de protocolos de atención a víctimas de grooming, campañas de prevención en coordinación con la Policía Cibernética y un llamado a la Secretaría de Educación local para implementar estrategias de concientización en las escuelas sobre los riesgos del entorno digital.
Finalmente, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas en el Congreso capitalino para respaldar esta iniciativa, pues se trata de un problema que trasciende partidos y que requiere una respuesta firme y coordinada por parte del Estado.
