Tras la trágica muerte de Pablo R., un niño jornalero de 15 años, quien perdió la vida el pasado fin de semana por la explosión de una mina antipersona en el estado de Michoacán, los activistas Adrián Lebarón Soto y Bryan Lebarón Jones presentaron este martes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de terrorismo.
La denuncia fue entregada a la Fiscalía Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, y detalla que este incidente subraya la alarmante escalada de violencia en Michoacán, donde desde 2024 se han registrado diversas detonaziones de artefactos explosivos.
Minas antipersona cobran vidas
El documento hace referencia a otros casos previos, como el ocurrido en marzo de 2024, cuando una mina antipersona detonó en el municipio de Tumbiscatío, matando a tres campesinos e hiriendo gravemente a otros dos. Asimismo, se menciona la tragedia ocurrida en diciembre de 2024 en Cotija y Buenavista Tomatlán, donde cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) murieron durante un operativo para desactivar minas en la región.
El 13 de enero de 2025, otra explosión dejó muerto a un docente en el municipio de Apatzingán, quien viajaba por una brecha hacia la comunidad de Las Bateas.
El caso más reciente involucra a Pablo R. y su compañero José, de 43 años, quienes perdieron la vida el fin de semana mientras trabajaban en una parcela de limón en Santa Ana Amatlán, Buenavista Tomatlán.
Según los activistas, la colocación de minas tiene como objetivo generar terror en las comunidades rurales y obligar a los grupos rivales a abandonar el territorio, pero son los civiles quienes sufren las consecuencias mortales de estos artefactos.
Piden a la FGR investigar el caso como terrorismo
Adrián Lebarón expresó: “No podemos ser indiferentes ante esta aterradora realidad. Pablo representa a muchos otros; él estaba trabajando cuando se enfrentó a estos artefactos. Toda una comunidad vive con miedo porque cualquiera podría estar en su lugar. Pedimos a la Fiscalía General que investigue este caso como terrorismo, porque es necesario ponerle nombre y apellido a lo que está pasando en México.”
Por su parte, Bryan LeBarón señaló que la colocación de minas es un acto de terrorismo directo, subrayando que los grupos criminales están dejando estos artefactos en las comunidades rurales y matando a personas inocentes. También criticó a las autoridades, señalando que deberían estar buscando las minas en lugar de criminalizar a las víctimas.
Los LeBarón señalaron que las minas antipersona siguen siendo una amenaza mortal, ya que están diseñadas para causar amputaciones, muertes y grandes daños a las víctimas incluso después de terminados los conflictos armados. Además de causar terror, estas minas son utilizadas para colapsar los servicios médicos y destruir vehículos no blindados.
