La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impondrá sanciones económicas a Grupo Elektra tras determinar que la empresa ha interpuesto recursos legales con la finalidad de “entorpecer o dilatar” la resolución de juicios de amparo en su contra. Estos procedimientos buscan que la compañía cubra adeudos fiscales que ascienden a aproximadamente 35 mil millones de pesos.
De acuerdo con la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien dio a conocer la información a través de sus redes sociales, el Pleno de la SCJN acordó la imposición de las multas en sesión privada celebrada el pasado lunes. La ministra detalló que el consorcio de Ricardo Salinas Pliego ha promovido un total de 39 recursos legales para impugnar la resolución de cuatro expedientes, de los cuales solo 11 han sido resueltos hasta la fecha.
“Grupo Salinas ha promovido 15 impedimentos, para cuyo trámite ha presentado 19 recursos de reclamación. Asimismo, han interpuesto 4 conflictos competenciales. En total, suman 38 medios de impugnación que han retrasado la resolución de cuatro expedientes (tres de índole fiscal y uno financiero)”, explicó Batres Guadarrama.
La ministra añadió que hasta el momento se han resuelto tres impedimentos, ocho recursos de reclamación y se han desechado los cuatro conflictos competenciales, dejando un saldo de 27 asuntos pendientes de resolución.
¿Cuáles son las sanciones?
Las sanciones que se aplicarán a Grupo Elektra están contempladas en los artículos 59 y 250 de la Ley de Amparo, que establecen multas de entre 30 y 300 días de salario para quienes promuevan recursos con el objetivo de obstaculizar el procedimiento.
En particular, el artículo 250 estipula que “cuando el órgano jurisdiccional que deseche o desestime una recusación advierta que existen elementos suficientes que demuestren que su promoción se haya dirigido a entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión, se impondrá multa de treinta a trescientos días de salario”.
Cabe destacar que el pasado 22 de enero, la Primera Sala de la SCJN resolvió sancionar a Grupo Elektra por interponer recursos de impedimento infundados en relación con juicios sobre créditos fiscales. En dicha sesión, por unanimidad de cuatro votos, se declaró improcedente la estrategia legal de la empresa para evitar la intervención de la ministra Margarita Ríos Farjat en la resolución de los recursos de reclamación 616/2024, 617/2024 y 618/2024.
El impedimento es un recurso legal utilizado para solicitar la exclusión de un juez o ministra en la resolución de un caso específico cuando se presume la existencia de un conflicto de interés o falta de imparcialidad. Sin embargo, en este caso, la SCJN determinó que los recursos interpuestos por Grupo Elektra carecen de fundamento y han sido utilizados con la finalidad de retrasar el procedimiento judicial.
