El aumento de los linchamientos en México ha encendido las alarmas sobre la inseguridad, la impunidad y la desconfianza social en las instituciones. De acuerdo con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en el país se registran en promedio 22.4 linchamientos o intentos de linchamiento al mes, siendo Yucatán la cuarta entidad con mayor incidencia, según reportes periodísticos.
Ante esta realidad, el Ayuntamiento de Hocabá, Yucatán, impuso el pasado 13 de febrero un toque de queda que restringe la movilidad de niñas, niños y adolescentes después de las 23:00 horas, con el objetivo de preservar la paz y la seguridad en la comunidad.
En caso de no cumplir, como primer aviso se notificará la falta a los padres de familia o tutores legales. Y si hubiera una reincidencia, habrá una sanción administrativa para los padres de familia.
Sin embargo, la medida ha sido señalada por organismos de derechos humanos como una restricción que vulnera derechos fundamentales, como la libertad de tránsito y la no discriminación.
Restricciones impactan la movilidad en la sociedad
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha establecido que los toques de queda deben estar sustentados en evidencia científica, ser proporcionales y respetuosos de los derechos humanos, condiciones que, según expertos, no se cumplen en este caso.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha advertido que estas restricciones afectan de manera desproporcionada a la infancia y adolescencia.
En respuesta, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) emitió una medida cautelar para que las autoridades municipales suspendan el toque de queda. Sin embargo, la medida no ha sido acatada.
A su vez, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) se sumó al llamado para que se diseñen estrategias de seguridad que aborden las causas estructurales de la violencia a través de educación, recuperación de espacios públicos y prevención del consumo de drogas, sin recurrir a restricciones punitivas que vulneren derechos humanos.
