La Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, presidida por el diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, aprobó el Acuerdo que establece un periodo de discusión para diversas iniciativas turnadas a la Comisión.
Esta medida se alinea con la reciente reforma constitucional en materia de simplificación orgánica aprobada por el H. Congreso de la Unión, que impacta directamente en el marco normativo de los órganos autónomos.
El diputado Víctor Romo señaló “El acuerdo responde a la necesidad de contribuir al desempeño de las funciones legislativas y adaptar las normativas locales a las reformas federales, específicamente en relación con la extinción de siete organismos autónomos y reguladores, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)”.
Indicó que el periodo de discusión está entre el 22 de diciembre de 2024 y hasta el próximo 22 de junio de 2025.
Durante este periodo, la Comisión analizará y dictaminará las iniciativas relacionadas con:
Reformas a la Ley de Transparencia, Acceso a Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en materia de accesibilidad web.
Modificación de disposiciones constitucionales y leyes locales, para armonizar la extinción de organismos autónomos con el marco normativo estatal.
Nueva Ley para el Uso de Inteligencia Artificial y el Tratamiento de Datos Personales, por sujetos obligados en la Ciudad de México.
Reformas a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
El diputado Víctor Hugo Romo destacó la importancia de este periodo de discusión. “Nuestro compromiso es garantizar que la Ciudad de México cuente con un marco normativo robusto, que se ajuste a las nuevas disposiciones federales sin comprometer los derechos de transparencia y protección de datos personales de la ciudadanía.”
Con este acuerdo, la Comisión de Transparencia reafirma su papel fundamental en la construcción de un andamiaje legal que permita una transición ordenada y eficiente en la implementación de las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal.
