La jefa de Gobierno, Clara Brugada aclaró que el registro del catastro en la Ciudad de México sólo tiene fines estadísticos y que la participación de los propietarios de inmuebles en la declaración informativa del predio es voluntaria, por lo que –de no hacerlo– no tendrá ninguna repercusión en la persona, y declaró “los que quieran contestar, que contesten, y los que no, pues que no lo hagan”.
La mandataria capitalina arremetió contra el PAN y el diputado Diego Garrido, quien hace unos días afirmó que Morena intenta legalizar la invasión de propiedades; y quien también presentó una iniciativa de contra reforma para derogar el último párrafo del artículo 132 del Código Fiscal, ya que “esta disposición no sólo vulnera principios en materia de proporcionalidad fiscal, sino también vulnera los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales”
Luego de que el PAN aseguró el Gobierno busca que los dueños de inmuebles con un valor superior a 4 millones 500 mil pesos realicen una declaración a la Secretaría de Finanzas sobre el ‘estado que guardan los inmuebles’, mismas que –si se incumple– otorga una multa de hasta 10 mil 821 pesos, la jefa de Gobierno respondió que esto es falso y reiteró que “no atentamos contra la propiedad privada, al contrario, garantizamos su certeza jurídica y su cuidado”.
Después del cambio en los lineamientos del catastro (debido a que antes hablaba de una obligatoriedad en la declaración de inmuebles, misma que hace poco fue modificada para que no sea obligatorio), Clara Brugada aseveró que “estamos en todo nuestro derecho, ¿eh? Como Gobierno de la Ciudad, como cualquier otro gobierno estatal, de hacer todo lo necesario para precisar, para modernizar, el tema, por ejemplo, en este caso del catastro”.
Mientras que el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton agregó que el catastro “es un catálogo vivo, entonces el catastro se actualiza continuamente, por eso hablamos de modernización y de actualización, en este sentido amplio, por eso hablamos de precisión de la información geográfica, hablamos de tecnología, hablamos de participación. El catastro es un proceso y está en modernización”.
“No tendrá ninguna repercusión y los que quieran contestar, que contesten, y los que no, pues que no lo hagan. No tenemos ningún otro interés más que el informativo, y menos que se esté relacionando con otro tipo de proyectos que vamos a llevar a cabo en esta ciudad, y no tienen nada que ver con estas declaraciones. Sino que lo que queremos, son espacios para construir vivienda y lo estaremos buscando en donde sea más accesible”.
— Clara Brugada
Juan Pablo de Botton precisó que como parte del proceso de modernización del sistema catastral de la capital, se inició una actualización de la información geográfica. Subrayó que la participación de la ciudadanía es fundamental y que se implementarán nuevas tecnologías para garantizar la seguridad de la información mediante esquemas de identidad y protección de accesos vía Internet.
“Esta declaración es voluntaria, no existe ninguna sanción aplicable. Aplica sólo para 3% de las cuentas catastrales de la ciudad, que corresponden a inmuebles con un valor catastral superior a 4.5 millones de pesos”.
— Juan Pablo de Botton
Añadió que la actualización y modernización del catastro permitirá al Gobierno de la Ciudad brindar mejores servicios públicos, aumentar la transparencia en procesos de compraventa de inmuebles y contribuir a la protección del suelo de conservación, la gestión de riesgos y la planificación urbana. Además, enfatizó que esta medida facilitará la simplificación y digitalización de trámites, mejorando la eficiencia operativa de las instituciones.
“Se tiene el plazo hasta el 30 de junio, pero como comentamos, es voluntario. No implica una sanción, si es que se decide no presentarlo. No se va a perseguir a nadie. Nosotros creemos en la contribución voluntaria y en la gran respuesta que hemos tenido de las y los ciudadanos (…) en realidad lo que busca es la participación para la actualización de información”.
— Juan Pablo de Botton
Catastro confronta a Pan y Morena en Congreso CDMX
Las Bancadas del PAN y Morena elevaron la confrontación en del pleno el Congreso de la Ciudad de México, luego de que el blanquiazul Diego Garrido lanzó el reto a la 4T, de que con su mayoría apruebe en cuanto antes la iniciativa de contra reforma al artículo 132 del Código Penal y que demuestren que no quieren iniciar el proceso de “Venezolización” de la vivienda en la capital del país.
Ante ello, la diputada de Morena Valentina Batres presentó un punto de acuerdo para exhortar al PAN a evitar la difusión de información falsa sobre las reformas legislativas discutidas y aprobadas por el propio órgano legislativo, particularmente sobre la del artículo 132 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Asimismo, conmina al PAN conducirse conforme al Código de Responsabilidad Parlamentaria del Congreso local, y así evitar la manipulación de la información como herramienta política, con el fin de contribuir a un debate legislativo informado, con argumentos sustentados en evidencia y no con el uso de especulaciones, con el objetivo de fortalecer la confianza pública en las instituciones.
Valentina Batres respondió a Diego Garrido y afirmó que la reforma no implica la expropiación de viviendas, “no hay una sola línea que hable de ello, lo que hay es terror discursivo, no se pone en riesgo nada. Se trata de una declaración informativa que alcanza a tres de cada 10 cuyo valor catastral supera los 4.5 millones de pesos de valor catastral”.
Batres siguió arremetiendo contra Garrido y expresó que es “un claro ejemplo de cómo la desinformación legislativa puede convertirse en un arma política para tergiversar la realidad y confundir a la ciudadanía. Resulta particularmente grave que el panista haya generado pánico sobre una reforma cuya implementación aún está en proceso de definición, ya que las reglas de carácter general que determinarán cómo se aplicará la disposición aún no han sido publicadas”.
“Resulta preocupante que un legislador con formación en Derecho ignore deliberadamente el proceso legislativo y administrativo para manipular la opinión pública. Y si no lo ignora y lo hace de manera premeditada, el problema es aún más grave, pues estaríamos ante una conducta irresponsable con el único fin de obtener rédito político”.
— Valentina Batres
