El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Rocha, anunció que en junio se conocerá el resultado de la audiencia programada para el 4 de marzo en la Suprema Corte de Estados Unidos, en la que se determinará si las empresas fabricantes de armas demandadas por México pueden gozar de inmunidad legal.
La demanda, presentada en 2021 ante una corte federal en Boston, acusa a fabricantes de armas estadounidenses de prácticas comerciales negligentes que facilitan el tráfico ilícito de armamento hacia México.
El objetivo del Gobierno mexicano es que estas empresas asuman responsabilidad por la violencia que este flujo armamentista genera en el país.
Además de este litigio, México mantiene otro proceso en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas de armas. En este caso, la jueza de distrito ha autorizado la fase de “Discovery”, lo que permitirá la recolección de pruebas clave para el proceso judicial.
Mayor control en venta de armas
Pablo Rocha destacó que estos avances son favorables para México y forman parte de una estrategia legal y política más amplia para enfrentar el poder económico de la industria armamentista en Estados Unidos.
El Gobierno mexicano busca, a través de estas acciones legales, imponer mayores controles en la venta de armas y reducir el tráfico ilícito hacia su territorio.
El fallo de la Suprema Corte de EE.UU. en junio será determinante para definir la responsabilidad legal de los fabricantes de armas y podría sentar un precedente en materia de regulación del comercio de armamento.
Además, este veredicto podría influir significativamente en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que México ampliará su demanda contra la industria armamentista estadounidense y promoverá una reforma constitucional para endurecer las penas contra el tráfico de armas, además de limitar la injerencia de agencias extranjeras en el país.
