Janeth de la O Ochoa, Moisés Zarate Cruz y Luis Armando González de la O fueron condenados a 170 años de cárcel por el homicidio de dos elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México, a los que agredieron para evitar la detención de un familiar en marzo del año pasado.
Los agentes Magdalena Peláez Santiago y Raúl Ramírez Maldonado participaron en un cateo que se realizó en el municipio de Jilotzingo, acción en la que participaron también la Secretaría de Seguridad estatal y la Guardia Nacional para aprehender a un hombre acusado del delito de homicidio, pero perdieron al vida en el cumplimiento de su deber.
“La investigación precisó que el 22 de marzo del año 2024, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía mexiquense, en conjunto con elementos de la Guardia Nacional y de la SSEM llevaron a cabo una técnica de investigación de cateo en un domicilio ubicado en Santa Ana Jilotzingo, con la finalidad de cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Armando “N”, investigado por un homicidio”.
Cuando los elementos de seguridad llegaron al domicilio, Janeth de la O Ochoa, Moisés Zarate, Luis Armando González de la O, así como Armando dispararon en su contra, por lo que repelieron la agresión; sin embargo, Magdalena Peláez Santiago y Raúl Ramírez Maldonado perdieron la vida, otros dos elementos, uno de ellos de la SS, resultaron heridos y fueron llevados al hospital de la zona donde recibieron atención médica.
“Armando ‘N’ perdió la vida, Janeth de la O Ochoa, Moisés Zarate Cruz y Luis Armando González de la O fueron detenidos y presentados ante el Agente del Ministerio Público quien inició la investigación correspondiente por el hecho delictivo de homicidio con complementación típica y punibilidad autónoma por haberse cometido en contra de servidores públicos de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, así como homicidio en grado de tentativa”.
Los tres detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, después de que el juez revisó las pruebas recabadas, aportadas y expuestas por el Ministerio Público emitió dicha sentencia.
También se les fijó multas de un millón cinco mil 712 pesos, así como cantidades por reparación del daño, en tanto que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.