El panorama del país es "muy desalentador" y "muy triste", dijo el abogado húngaro-estadounidense Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos de la ONU (GHREN).El abogado húngaro-estadounidense Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), dijo que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo "avanza hacia una dictadura completa", y que la reforma constitucional que eliminó la división de poderes le parece "la de una monarquía absoluta", se informó el lunes (03.03.2025).
"Desgraciadamente Nicaragua está avanzando hacia una dictadura completa, sin voces disidentes, sin oenegés, sin prensa independiente", advirtió Brody, conocido como el "cazador de dictadores", en entrevista al programa Esta Semana, que dirige el periodista nicaragüense desnacionalizado Carlos Fernando Chamorro.
El experto calificó el panorama de Nicaragua, gobernada desde 2007 por Ortega, de "muy desalentador" y "muy triste".
"Yo he trabajado en Nicaragua en otro momento, cuando había una esperanza de un cambio muy positivo hacia el futuro. El mismo Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en su momento lucharon contra una dictadura familiar (la de los Somoza), ahora han perfeccionado, han institucionalizado una dictadura familiar", señaló.
Brody indicó que Nicaragua es el único país en el mundo en donde "se utiliza la privación arbitraria de la nacionalidad por razones políticas".
Confía en la justicia internacional
El experto anotó que el Grupo de Expertos creado por la ONU espera que se inicien procesos de justicia amparados en el principio de justicia universal o bien se recurra ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a convenios internacionales en materia de derechos humanos.
"En eso estamos. Si pudiéramos provocar un caso frente a la Corte Internacional de Justicia por violación a la Convención contra la Tortura o la Convención contra la Apatridia sería muy importante", comentó.
Brody dijo que el retiro de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos, tras conocerse el último informe del GHREN, que pidió condicionar el acceso preferencial de Nicaragua al mercado de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE), y sostuvo que el Ejército "participó activamente en la represión de las manifestaciones", no exime al régimen sandinista de sus responsabilidades.
"Eso no le salva de las consecuencias institucionales, y eventualmente penales, de sus acciones", afirmó.
Nicaragua atraviesa una crisis desde las protestas sociales de abril de 2018, que se acentuó tras las elecciones de 2021 en las que Ortega se reeligió para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de "traición a la patria".
Diversos países y organizaciones internacionales han acusado al Ejecutivo sandinista de violar los derechos humanos de la población en medio de esta crisis en la que además de organizaciones, han sido cerrados por el gobierno decenas de medios de comunicación e instituciones académicas y religiosas.
gs (efe, Esta Semana, Confidencial)
