El Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que armoniza la legislación secundaria para establecer un modelo de simplificación orgánica en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
La iniciativa, que ahora será remitida a la Cámara de Diputados, plantea que las atribuciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) pasen a la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Eliminar burocracias
Con 67 votos a favor y 20 en contra, el dictamen propone la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El nuevo paquete legislativo busca consolidar un modelo que garantice los derechos humanos de acceso a la información pública y protección de datos personales, con el objetivo de evitar duplicidades, reducir gastos y eliminar burocracias privilegiadas.
¿Quién va a regular el PNT?
Para ello, se faculta a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para regular la Plataforma Nacional de Transparencia y se crea el órgano administrativo desconcentrado Transparencia para el Pueblo, encargado de garantizar el ejercicio de estos derechos en el ámbito federal.
Asimismo, el dictamen destituye al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sustituyéndolo por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.
Las autoridades responsables de garantizar el ejercicio de estos derechos serán el órgano administrativo desconcentrado Transparencia para el Pueblo, el órgano de control y disciplina del Poder Judicial de la Federación, los órganos de control de los órganos constitucionales autónomos y las contralorías del Congreso de la Unión.
En el ámbito laboral, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje asumirán la vigilancia de sindicatos, mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) continuará supervisando la transparencia de los partidos políticos.
El dictamen ha generado diversas reacciones entre legisladores y organizaciones civiles, quienes advierten sobre los posibles riesgos para la autonomía y eficacia de los mecanismos de acceso a la información pública.
