El secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, ocurrido el 11 de julio de 2005, marcó un caso emblemático en la historia reciente de México. Hugo Alberto, empresario de 38 años, fue secuestrado en el sur del entonces Distrito Federal, y según la investigación, fue asesinado, aunque sus restos nunca fueron encontrados.
A raíz de este trágico suceso, su madre, Isabel Miranda de Wallace, se convirtió en una figura clave en la lucha contra el secuestro en México, fundando la organización Alto al Secuestro.
Isabel Miranda emprendió una ardua campaña para presionar a las autoridades y exigir justicia para su hijo. Con el apoyo de medios de comunicación y la publicación de anuncios espectaculares con los rostros de los presuntos responsables, logró que el caso ganara notoriedad pública. La entonces Procuraduría General de la República (PGR), dependencia que estuvo a cargo de las investigaciones, identificó a seis personas como responsables del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace:
1. Juana Hilda González
2. César Freyre Morales
3. Jacobo Tagle Dobin
4. Brenda Quevedo
5. Tony Castillo Cruz
6. Alberto Castillo Cruz
De acuerdo con la versión oficial, las seis personas secuestraron y asesinaron a Hugo Alberto, exigiendo un rescate de 950 mil dólares. La captura de los sospechosos comenzó entre 2006 y 2010. En los primeros meses del caso, fueron detenidos Tony y Alberto Castillo, César Freyre Morales, y Juana Hilda González, quienes posteriormente denunciaron haber sido sometidos a torturas para obtener confesiones.
Brenda Quevedo fue arrestada en Estados Unidos en noviembre de 2007, y dos años después fue extraditada a México. Jacobo Tagle Dobin, por su parte, fue detenido en 2010 en el Estado de México. Aunque los seis fueron detenidos por su supuesta participación en el crimen, la situación judicial de algunos de ellos sigue siendo polémica.
Dos implicados sin sentencia
De los seis presuntos implicados, Brenda Quevedo y Jacobo Tagle Dobin son los únicos que no han sido sentenciados. En octubre de 2020, un grupo de trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria solicitó al gobierno mexicano la liberación de Brenda Quevedo, alegando que había sido víctima de tortura y detención arbitraria.
En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió un amparo interpuesto por Juana Hilda González Lomelí, quien fue condenada a casi 80 años de prisión, argumentando que su confesión fue obtenida bajo tortura.
Mientras estos procesos continúan, la figura de Isabel Miranda de Wallace fue central en la defensa de la culpabilidad de los detenidos. La madre de Hugo Alberto sostuvo que los acusados son responsables del secuestro y homicidio de su hijo y rechazó las solicitudes de liberación de algunos de los detenidos. A pesar de las controversias y las solicitudes de amparo, Miranda de Wallace continuó en lo que consideró la búsqueda de justicia.
Situación de Brenda Quevedo
Un punto particularmente controversial fue la decisión de cambiar la medida cautelar de Brenda Quevedo. Después de haber pasado 15 años en prisión preventiva, Brenda fue liberada en 2024 para continuar su proceso judicial en arraigo domiciliario.
Ahora, a sus 41 años, Brenda Quevedo deberá cumplir con restricciones como no salir de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, no acercarse a las víctimas indirectas y presentarse a las audiencias judiciales cuando se le requiera.
Durante su tiempo en prisión, Quevedo mostró un comportamiento ejemplar, participando en actividades deportivas, culturales y laborales, lo que, según sus defensores, contribuyó a la decisión del juez de cambiar su medida cautelar.
A pesar de la muerte de Isabel Miranda de Wallace, este caso seguirá siendo uno de los más mediáticos y controversiales en la historia reciente del país, reflejando las tensiones entre las víctimas, la justicia y las garantías procesales en un contexto de presunta tortura y posibles errores judiciales.
