Una jueza federal ha cancelado el citatorio que obligaba a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a comparecer como testigo en uno de los procesos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La decisión se tomó a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), que argumentó que, debido a su alto cargo, García Harfuch podría presentar su declaración por escrito, evitando así un interrogatorio directo.
Testimonio por escrito
El secretario de Seguridad había sido citado para comparecer el próximo 25 de abril por videoconferencia en el juicio contra Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder de Guerreros Unidos, vinculado a la desaparición de los estudiantes.
Sin embargo, el 21 de febrero, el fiscal Carlos Villanueva Peña, de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), presentó un recurso de revocación del citatorio, que fue aceptado por la Jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca.
La jueza resolvió que, como alto funcionario, García Harfuch podría rendir su testimonio por escrito o de manera remota, tal como lo establece el artículo 45 del Código Penal de Procedimientos Penales.
La opción seleccionada por la jueza fue la declaración escrita. “Son fundados los conceptos de disentimiento planteados por el recurrente (FGR), en virtud de que el testigo, al desempeñar en la actualidad el cargo de Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es un alto funcionario que debe rendir su testimonio de alguna de las maneras referidas”, detalló la resolución de la jueza Duarte Cedillo.
Alto funcionario
Además, la jueza otorgó un plazo de cinco días a la UEILCA, la defensa de Casarrubias y las víctimas del caso para presentar las preguntas que se les pretenden formular a García Harfuch. Estas preguntas serán revisadas para garantizar que sean legales antes de ser enviadas a la oficina del funcionario.
Este nuevo giro en el caso Ayotzinapa ha generado diversas reacciones, al considerar que se siguen tomando medidas excepcionales para el trato de altos funcionarios en procesos judiciales, lo que ha abierto un debate sobre la equidad en la administración de justicia.
