¿Inicia Trump una presión sostenida sobre el régimen venezolano o solo un ajuste táctico dentro de una política exterior muy flexible? Difícil predecir, comenta Ramón Cardozo.El 26 de febrero de 2025, Donald Trump anunció en su cuenta de X la revocación de las licencias asociadas al acuerdo petrolero otorgado por la administración Biden, que permitía a Chevron y otras empresas extranjeras operar en Venezuela.
Por instrucción de Trump, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió el 4 de marzo de 2025 la Licencia General 41A, que da a Chevron solo un mes —en lugar de los seis habituales— para cerrar sus operaciones en el país. Esta medida prohíbe pagar impuestos o regalías al Gobierno venezolano, distribuir dividendos a PDVSA o vender petróleo para exportación fuera de Estados Unidos. La decisión afectará de inmediato la producción petrolera venezolana, que depende en un 20-25 % de los 200.000 barriles diarios de Chevron, impactando así los flujos financieros del régimen de Nicolás Maduro.
Con esta decisión, Trump parece girar hacia una línea dura, pero el verdadero propósito sigue siendo incierto. ¿Es el inicio de una presión sostenida sobre el régimen venezolano o solo un ajuste táctico dentro de una política exterior muy flexible?
Idas y venidas en la relación Washington-Caracas
La revocación de la licencia a Chevron contrasta marcadamente con la impresión inicial que dejaron las acciones de la Casa Blanca hacia el régimen venezolano. El 31 de enero de 2025, Richard Grenell, enviado especial de Trump, se reunió con Maduro en Caracas, logrando la liberación de seis de al menos trece estadounidenses detenidos y el compromiso de Maduro de recibir a venezolanos deportados por Estados Unidos. Este encuentro en el palacio de Miraflores fue aprovechado por Maduro para presentarlo como un reconocimiento de Washington a su presidencia.
Entre el 10 y el 20 de febrero, el régimen recogió a 366 venezolanos deportados por EE. UU. En esos días, Grenell declaró a The Epoch Times que, aunque la Casa Blanca tenía clara su postura sobre Maduro, "Donald Trump no busca cambios de régimen". Estas afirmaciones, junto con la renovación automática de la licencia de Chevron por seis meses el 1 de marzo de 2025 por parte de la OFAC, sugerían algún tipo de entendimiento entre Caracas y Washington, pese a las negativas oficiales de la Casa Blanca.
La combinación de gestos iniciales de acercamiento o negociación de la Casa Blanca con Maduro, seguidos por un endurecimiento repentino de las sanciones petroleras —motivada tanto por la demora en la recepción de deportados venezolanos como por el incumplimiento de Maduro de sus compromisos electorales en las presidenciales de 2024—, junto con el anuncio de Trump sobre la revocación de la licencia a Chevron justo cuando su hijo, Donald Trump Jr., entrevistaba a la líder opositora María Corina Machado, ha llevado a calificar la estrategia de Washington hacia Caracas como "ambigua" o, al menos, "impredecible".
En este sentido, Mike Wirth, CEO de Chevron, cuestionó la decisión de Trump durante la conferencia CERAWeek en Houston, advirtiendo que "pasar de un extremo a otro no es el enfoque adecuado; necesitamos una política coherente y estable". El lobby petrolero en Washington defiende que las licencias a empresas estadounidenses en Venezuela limitan la influencia de China y Rusia, generan ganancias para estas compañías, impulsan la economía local, reducen la presión migratoria hacia EE. UU. y mantienen un canal de diálogo con el régimen.
Por su parte, Miraflores calificó la revocación como "inexplicable" y Maduro dio a entender que se suspendería la recepción de deportados, afirmando el pasado fin de semana: "Esto dañó las comunicaciones que habíamos abierto, ahora tenemos un problemita ahí".
¿Están las negociaciones entre Washington y Caracas suspendidas de forma definitiva? ¿Continuará la administración Trump aumentando la presión sobre el régimen de Maduro, extendiendo las restricciones operativas a otras empresas en Venezuela, como reportó Bloomberg recientemente? ¿Intentará Washington que Maduro acepte los resultados de las elecciones presidenciales o se limitará al tema migratorio? Por ahora, estas interrogantes no tienen respuestas definitivas, dadas las prioridades de Trump, el contexto de su segundo mandato y su estilo de gobierno.
MAGA y política exterior: las prioridades de Trump
La política exterior de Trump está estrechamente vinculada a sus prioridades domésticas, enfocadas en restaurar la posición histórica de Estados Unidos según su visión "Make America Great Again" (MAGA), o "Hacer a Estados Unidos grande otra vez".
El control migratorio, respaldado por su compromiso de realizar deportaciones masivas de indocumentados, constituye uno de los ejes fundamentales de su agenda gubernamental. Esta primacía de los intereses internos hace que las relaciones con países como Venezuela adopten un carácter instrumental, susceptibles de giros inesperados en función de las demandas de su estrategia política nacional.
En este segundo mandato, Trump enfrenta condicionantes que limitan su margen de maniobra política. Con solo cuatro años y sin reelección posible, su administración necesita implementar rápidamente su agenda, una urgencia que se acentúa ante las elecciones de medio término de 2026.
Trump necesita presentar logros concretos y cumplir promesas de campaña en poco tiempo para fortalecer su base electoral y preservar —o ampliar— las ajustadas mayorías republicanas en el Congreso. Si los demócratas recuperan una o ambas cámaras, podría enfrentar bloqueos legislativos o investigaciones más intensas.
El pragmatismo transaccional de Trump
Estos condicionantes han reforzado el estilo de gobierno de Trump de su primer mandato, caracterizado por una implementación rápida y decidida de políticas mediante numerosas órdenes ejecutivas. Su administración tiene un fuerte enfoque pragmático y transaccional, enfocado en objetivos de corto plazo con resultados inmediatos.
La política exterior, altamente centrada en Trump, se canaliza para ciertos temas a través de enviados especiales como Richard Grenell, quienes le reportan directamente, lo que disminuye la autonomía del Departamento de Estado y restringe el margen de acción del secretario Marco Rubio, cuyas posturas ideológicas —como, por ejemplo, su visión sobre las dictaduras latinoamericanas— entran en tensión con la estrategia transaccional de corto plazo.
Es en medio de este complejo escenario donde se configura y desarrolla la política exterior estadounidense vinculada con Venezuela. Las negociaciones entre Richard Grenell y Nicolás Maduro permitieron a Trump mostrar a su electorado resultados rápidos y tangibles en su política de deportación. Sin embargo, estas mismas gestiones y las inesperadas declaraciones de Grenell sobre el régimen venezolano generaron entre los grupos hispanos de influencia en Estados Unidos la percepción de una posible flexibilización de la postura de la Casa Blanca frente al régimen de Maduro.
El portal Axios reportó que los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez advirtieron a Trump sobre el daño que esta percepción podría causar a sus respectivas bases electorales en Florida, formadas en gran parte por exiliados cubanos y venezolanos.
La estrecha mayoría republicana en la Cámara (apenas tres votos), la cercanía de una votación clave sobre el presupuesto y la necesidad de reforzar el respaldo electoral en Florida para estos legisladores seguramente influyeron para que Trump escuchara sus inquietudes, lo que sumado a la lenta recepción de los deportados venezolanos precipitó la revocación de la licencia a Chevron.
Riesgos de no respaldar la lucha venezolana por la democracia
Anticipar en estos momentos el rumbo de las políticas de Trump hacia Venezuela resulta una tarea arriesgada. Aunque los grupos hispanos continuarán exigiendo sanciones más severas contra Maduro, el lobby petrolero probablemente persistirá en sus esfuerzos por reanudar operaciones en el país. Asimismo, es muy probable que se mantengan las tensiones internas en la administración Trump entre los diferentes enfoques sobre Venezuela representados por Rubio y Grenell.
Por otro lado, la complejidad del proceso democratizador venezolano disminuye su relevancia en la agenda de Trump frente a objetivos internos más tangibles y de implementación relativamente rápida, como las deportaciones, que siguen siendo un objetivo central de su Gobierno. En este contexto, Maduro parece haber dejado un canal de diálogo abierto al responsabilizar de la revocatoria de la licencia a la líder opositora María Corina Machado y al lobby de empresas petroleras competidoras de Chevron, evitando así un enfrentamiento directo con Trump.
En todo caso, si la administración Trump se limita a presionar por la recepción de deportados y no respalda la lucha de los venezolanos por restaurar la democracia, las actividades ilícitas del régimen de Maduro seguirán socavando la seguridad y estabilidad regional, incluida la de Estados Unidos. Un Gobierno autocrático en Venezuela continuará fomentando inestabilidad, narcotráfico, crisis migratoria y otras amenazas transfronterizas, poniendo en riesgo la estabilidad hemisférica y los intereses de seguridad nacional de EE. UU.
(rml)
