La reciente aprobación de las Leyes Secundarias en materia energética por parte del Congreso de la Unión marca un hito en la consolidación de la soberanía energética de México, según destacó la Secretaría de Energía (Sener). Con esta medida, el gobierno busca fortalecer el papel de las empresas estatales, garantizar la estabilidad del sector y avanzar en la justicia energética.
De acuerdo con la Sener, este paquete de reformas complementa las modificaciones constitucionales previas y sienta las bases para un sector energético sólido, confiable y sustentable. La finalidad, recalca la dependencia, es que la energía sea considerada un insumo estratégico para el desarrollo del país y no una simple mercancía sujeta a las reglas del mercado.
Fortalecimiento de PEMEX y CFE
Entre los puntos clave de las reformas, destaca el fortalecimiento de las empresas estatales: Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se establece que ambas no podrán ser consideradas monopolios, dado su carácter de prestadoras de servicios estratégicos para la nación.
En el sector eléctrico, la reforma garantiza que al menos el 54% de la energía inyectada a la red provenga de la CFE. Esta medida, según el gobierno, busca asegurar el suministro de electricidad con una perspectiva de derechos y evitar aumentos en las tarifas por encima de la inflación.
En materia de hidrocarburos, se otorga a PEMEX preferencia en la determinación de áreas de exploración y extracción, así como la posibilidad de colaborar con la iniciativa privada para potenciar sus capacidades. Además, se simplifica su régimen fiscal con la creación del Derecho Petrolero para el Bienestar, que unifica los pagos de derechos en un solo esquema.
Avances en regulación y justicia energética
Otro aspecto central de la reforma es la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), una entidad que absorberá funciones de los organismos reguladores previos para mejorar la supervisión y planeación del sector. Este cambio, según la Sener, permitirá establecer reglas más claras y fomentar una mayor coordinación en el desarrollo energético del país.
Además, por primera vez en la legislación mexicana, se reconoce el concepto de justicia energética. Esto implica la implementación de medidas para reducir la pobreza energética y las desigualdades en el acceso y uso de la energía, con recursos asignados para dichos fines.
Estrategias de control y trazabilidad
Otro punto clave es la implementación de un esquema de trazabilidad de combustibles, mediante el cual las empresas que participan en la cadena de distribución estarán obligadas a reportar información detallada sobre la importación y venta de hidrocarburos. Esta medida pretende mejorar la supervisión y evitar irregularidades en el mercado de los combustibles.
Con estos cambios, el gobierno federal busca garantizar que el sector energético mexicano opere bajo principios de eficiencia, sustentabilidad y accesibilidad para toda la población. La aprobación de estas reformas marca un paso decisivo en la política energética de la actual administración y redefine el rol del Estado en la provisión y regulación de la energía en el país.
