La Cámara de Diputados analiza una propuesta de reforma al artículo 390 del Código Penal Federal para aumentar hasta en un 50 % las penas por el delito de extorsión cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores o personas indígenas.
En México, la extorsión es uno de los tres delitos con mayor incidencia, solo superado por el fraude y el robo. En 2024, la tasa de prevalencia delictiva alcanzó 23 mil 323 víctimas por cada 100 mil habitantes.
¿Qué propone la iniciativa?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT), impulsor de la iniciativa, señaló que la legislación actual contempla penas de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a sesenta días de multa para quienes obliguen a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio económico o causando perjuicio patrimonial.
La reforma redefine la extorsión al incluir expresamente la “violencia, amenaza, intimidación y cualquier medio de coerción” como elementos del delito, ampliando el rango de multa de cuarenta a ciento sesenta días. Además, prevé agravantes para los casos en que el delito sea cometido por integrantes de grupos delictivos o desde centros penitenciarios.
Mejía Berdeja destacó que la extorsión no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino que también impacta su estabilidad emocional y la percepción de seguridad. Además, subrayó que la impunidad en este delito es cercana al 100 %.
El artículo 390 del Código Penal Federal, vigente desde 1984 y reformado por última vez en 1994, ha quedado obsoleto ante las nuevas formas de criminalidad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia, expone que existen varios tipos de extorsión que impactan de distinta manera de acuerdo con el nivel socioeconómico, escolaridad, edad, género y sexo.
