El Salvador recluyó en el CECOT a 238 presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua y a 23 de la pandilla Mara Salvatrucha, enviados por Trump tras invocar una ley de tiempos de guerra para expulsarlos.Dicho y hecho: nadie esperaba que fuera tan rápido. Poco más de un mes después de la oferta que Bukele hizo a Marco Rubio para acoger convictos de Estados Unidos en la megacárcel de máxima seguridad CECOT, el primer vuelo aterrizó en El Salvador.En él viajaban 261 personas indocumentadas.
Con un video de producción casi cinematográfica, el propio Bukele alardeó en sus redes de eficiencia y cero tolerancia contra el crimen, mostrando imágenes de la llegada de estas personas al CECOT: "Es una puesta en escena de divulgación global, que presenta a El Salvador como el perfecto anfitrión para criminales internacionales y refuerza la imagen de Bukele como hombre duro, despiadado incluso, una persona que no se doblega frente al crimen”, dice a DW desde El Salvador José Marinero, abogado y experto en políticas públicas.
De las personas deportadas a El Salvador, 137 fueron expulsadas de EE. UU. después de aplicársele la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por pertenecer supuestamente a la organización criminal Tren de Aragua. Se trata de una ley que permite las deportaciones sin celebración de audiencia y que solo se ha invocado tres veces en la historia del país, las tres en tiempos de guerra. En el avión iban también 101 venezolanos deportados bajo la norma migratoria del Título 8, así como 23 pandilleros salvadoreños, incluyendo dos cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha.
Espaldarazo para el modelo Bukele
El traslado al CECOT confirmaría la sintonía entre Bukele, la administración Trump y una forma de combatir la criminalidad en la que respetar las reglas queda en segundo plano: "Bukele acaba de obtener un espaldarazo por parte del Gobierno de Trump. Esto va a fortalecer la internacionalización de su modelo, donde parece que todo está justificado en razón de la seguridad ciudadana, incluso operar al margen de la ley y de decisiones judiciales”, critica José Marinero.
Es más, el propio presidente de El Salvador se burló en X del pulso que Trump echó al poder Judicial de Estados Unidos. El juez federal James Boasberg bloqueó el uso durante 14 días de la ley de Enemigos Extranjeros de la que se sirvió el Ejecutivo estadounidense para la deportación, y ordenó el regreso de las personas trasladadas en virtud de dicha ley. Al parecer, lo hizo cuando estas ya volaban sobre aguas internacionales. "Ups, demasiado tarde”, escribió al respecto Bukele, acompañando su comentario con el emoticono de una cara riéndose a carcajadas.
Cuestiones legales abiertas
El traslado a la temible cárcel CECOT en El Salvador plantea numerosas interrogantes. ¿De qué delitos se acusa exactamente a estas personas? ¿Han sido ya procesadas? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué derecho a la defensa se les garantiza? "Estados Unidos ha trasladado de manera sumaria e ilegal a cientos de inmigrantes a El Salvador, donde están recluidos en un sistema penitenciario conocido por su brutalidad”, dice a DW Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. "El Gobierno de Trump afirma que estas personas son pandilleros venezolanos, pero no ha revelado sus nombres ni ha aportado ninguna prueba de que hayan cometido delitos en Estados Unidos”, prosigue Goebertus.
En principio, está prevista la estancia de estas personas en el CECOT por un año, que puede ser prorrogable, una situación que no tiene respaldo en el ordenamiento jurídico salvadoreño. "No hay ninguna ley, ninguna norma en la Constitución, nada que permita amparar el alojamiento de personas que han delinquido en otro país en cárceles salvadoreñas. Estas personas quedarán en una especie de limbo jurídico", comenta el abogado José Marinero.
"Los Estados involucrados tienen la responsabilidad directa de garantizar los derechos de las personas trasladadas", responde a DW, por su parte, la organización venezolana de derechos humanos PROVEA, que pide a la OEA y a la CIDH que actúen con urgencia para exigir un trato digno a estos presos. "Existe una falta de transparencia por parte de EE. UU. y El Salvador sobre el estado de las personas deportadas y los delitos por los cuales se les procesa. Familiares de víctimas ya están visibilizando casos de personas inocentes trasladadas, sus familias alzan las voces e instamos a que no guarden silencio ante los abusos". Marco Rubio, por su parte, ya ha aclarado que aquellas personas trasladadas que no pertenezcan al Tren de Aragua podrán ser llevadas desde El Salvador a Venezuela.
Contraprestación de Estados Unidos a Bukele
El mensaje de éxito de la alianza Trump-Bukele en la lucha contra la criminalidad es indudable, pero ¿qué otras prestaciones obtiene El Salvador? El propio presidente salvadoreño ha aludido a una cifra, cuya cuantía se desconoce, para alojar a estas personas en el CECOT. La cantidad ayudaría a la "sostenibilidad” del sistema carcelario del país, uno de los más sobrepoblados del mundo, y que se verá aún más tensionado con la llegada de nuevos reclusos.
"Esto convierte en un destino poco apetecible para la inversión extranjera a El Salvador, cuyo principal ofrecimiento al mundo es albergar criminales internacionales en sus centros de detención”, dice al respecto José Marinero.
El abogado apunta otra razón para el apoyo de Bukele a las deportaciones de Trump: callar a una de las personas que podría haber expuesto ante los tribunales estadounidenses detalles de los supuestos tratos del presidente salvadoreño con las pandillas. Uno de los recién llegados al CECOT es un cabecilla de la Mara Salvatrucha que estaba siendo procesado en EE. UU., explica. "En ese juicio, en principio, iban a ventilarse detalles que pudieran exponer la vinculación del Gobierno en una negociación con las pandillas que hizo descender las cifras de homicidios al inicio de su Gobierno”, revela Marinero.
El destino de los venezolanos en el CECOT
La deportación de presuntos miembros del Tren de Aragua venezolanos a El Salvador se produce en un momento en el que Venezuela había aceptado retomar las operaciones de retorno de EE. UU. de sus ciudadanos.
La operación ha suscitado la indignación entre la cúpula chavista, que ya ha advertido que acudirá a organismos internacionales para denunciar "crímenes de lesa humanidad" contra los deportados.
"Este caso amplifica la crisis migratoria venezolana, convirtiendo a nuestros migrantes en fichas geopolíticas", advierte a DW la organización de derechos humanos PROVEA. Venezuela tiene derecho a conocer la situación de sus connacionales en el extranjero. "Sin embargo, en la práctica, su capacidad para supervisar o controlar el destino en el CECOT es muy limitada, ante las diferencias de los Gobiernos que encabezan estas naciones". El caso puede complicar aún más las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela, sentenciadas en las últimas semanas por la revocación de la licencia de Chevron para operar en el país latinoamericano.
(cp)
