La joven legisladora se ha convertido en una de las figuras políticas más mediáticas y controversiales de la nueva generación de la autollamada Cuarta Transformación (4T). La imagen de Andrea Chávez ha estado presente en redes sociales, en debates públicos y en el Congreso, donde se ha destacado por sus críticas hacia la corrupción, el lujo y los excesos de los políticos del pasado, pero no siempre ha salido airosa.
De acuerdo con un reportaje de Latinus, su propia estrategia de promoción política está siendo objeto de investigación por presuntos gastos millonarios en unidades médicas móviles, que no ha declarado ni transparentado, lo que ha generado dudas sobre el origen de los recursos empleados.
Actos ‘adelantadisímos’ de campaña
Desde hace casi dos años, Andrea Chávez ha usado estas unidades médicas móviles, las cuales cuentan con servicios gratuitos de salud, para ganar visibilidad en diferentes regiones, especialmente en Chihuahua, donde se avecinan elecciones para gobernador en 2027. Estas caravanas de salud, que incluyen consultas médicas generales, odontológicas, laboratorio, ultrasonidos, electrocardiogramas y medicamentos, están decoradas con su nombre y rostro, lo que parece ser una estrategia para aumentar su popularidad en el estado.
Según el reportaje de Latinus, cada caravana médica tiene un costo aproximado de 10 millones de pesos al mes. Desde mayo de 2023, Andrea Chávez ha presumido estas unidades en sus redes sociales como parte de su imagen pública, pero los costos de su funcionamiento no han sido declarados oficialmente. No se sabe si la senadora ha financiado este proyecto con su propio dinero o si existe algún tipo de apoyo externo.
Andrea Chávez ha visitado Chihuahua en más de 20 ocasiones desde su llegada al Senado, y muchas de estas visitas han estado relacionadas con la promoción de las unidades médicas móviles. En sus recorridos, ha estado acompañada de funcionarios y militantes de Morena, lo que ha alimentado la sospecha de que este programa de salud no es solo una iniciativa altruista, sino con miras a las elecciones de 2027. Sin embargo, el uso de recursos públicos y privados para promoción personal está prohibido por la ley electoral, y este tipo de gastos anticipados de campaña podría constituir una violación a las normas vigentes.
Todo vuelve a Adán Augusto
Asimismo, se dio a conocer que estas unidades médicas móviles están asociadas con la empresa F Medical, propiedad de Fernando Padilla Farfán, un empresario cercano a Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, actual coordinador de Morena en el Senado y con quien en el pasado se le relacionó sentimentalmente con la joven legisladora. Este vínculo ha despertado suspicacias sobre un posible conflicto de intereses, ya que Padilla Farfán tiene fuertes conexiones políticas dentro del partido, y su empresa ha obtenido contratos millonarios con gobiernos estatales, como en el caso de Baja California, donde se facturaron 191 millones de pesos por el alquiler y operación de caravanas médicas similares.
Finalmente, otro de los datos revelados por Latinus que ha llamado la atención es que algunos de los miembros más cercanos a la senadora, como la doctora Nora Agueros, tienen vínculos tanto con el sector salud como con el ámbito político de Morena. Agueros ha sido parte del equipo que opera las unidades médicas móviles, tiene dos plazas en el sector salud, una en el IMSS y otra en el ISSSTE, lo que también genera cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y la posible utilización de servicios gubernamentales para fines políticos.
