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INE eleva gastos de campaña: Candidatos al Poder Judicial podrán gastar hasta un millón de pesos

El financiamiento de las campañas podría convertirse en un factor de ventaja electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) ajustó los límites de gasto de campaña para los candidatos a cargos del Poder Judicial, elevando el tope de 220,000 pesos hasta 1.4 millones de pesos, según el puesto en contienda.

La decisión responde a la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que revocó el acuerdo inicial del INE, el cual fijaba un límite general de $220,326 pesos para todos los aspirantes.

Topes de campaña del Poder Judicial

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Con el nuevo esquema, el tope de gastos queda distribuido de la siguiente manera:

  • Jueces de distrito: $220,326 pesos
  • Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del TEPJF: $1,468,841 pesos
  • Magistrados de Salas Regionales del TEPJF: $881,304 pesos
  • Magistrados de los 32 circuitos: $413,111 pesos

Críticas y preocupación por la equidad electoral


El consejero electoral Ucc Kib Espadas Ancona, quien votó en contra, advirtió que con estos cambios, el acceso a las candidaturas dependerá del dinero disponible para campaña, afectando la equidad electoral. “Si no disponemos de un millón y medio de pesos para hacer campaña, esta elección no es para ti”, sentenció.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala señaló que la resolución del TEPJF ha generado incertidumbre, pues omitió considerar la equidad en la contienda y el tipo de proselitismo permitido.

TEPJF ordenó elevar los gastos

El TEPJF basó su fallo en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), que establece que el tope de gastos no puede ser mayor al límite de aportaciones individuales para candidatos independientes a diputaciones, fijado en $220,000 pesos en 2024. Sin

embargo, los magistrados ordenaron diferenciar los montos por cargo, estableciendo el monto mínimo en esa cifra.


Con este ajuste, el proceso electoral enfrenta un nuevo desafío, ya que el financiamiento de las campañas podría convertirse en un factor de ventaja electoral, favoreciendo a quienes tengan mayores recursos.

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