¿Es necesario elegir entre la seguridad y el derecho a la justicia? No, dicen a DW especialistas en la presentación de un estudio sobre la reducción del espacio cívico en América Central.Colocar programas de espionaje, interceptar el trabajo de un periodista y encarcelarlo. Acusar de terrorismo a comunidades por protestar contra la polución o los cortes de agua. Crear leyes para desautorizar y encarcelar a jueces que han hecho su trabajo. Reformar leyes para poner en venta territorios comunales. Se asesina a líderes sociales y la impunidad roza el 90%… Todo esto cabe bajo el rubro reducción del espacio cívico.
Y aunque la tendencia es mundial (el 30 % de la población vive en espacios cívicos cerrados y el 42 % en restringidos), en América Latina se encuentran algunos ejemplos, unos malos, y otros peores.
Una tendencia marcada en Centroamérica
En el estudio "Estado del espacio cívico en América Latina”, presentado en el Parlamento Europeo por la Red EuLat, se afirma que en Guatemala y Honduras el espacio es restringido; en El Salvador, está obstruido y deteriorándose. Y el de Nicaragua está absolutamente cerrado, siendo el peor de las Américas.
"En todo el mundo, también en la Unión Europea, el espacio cívico -que es básico para las democracias- se está deteriorando. Pero en ciertos países latinoamericanos se detecta una mayor tendencia a narrativas de criminalización de sociedad civil”, explica a DW Magdalena Bordagorry, coordinadora de la Red EuLat. Ésta se compone de 40 organizaciones europeas que trabajan con América Latina en desarrollo, comercio y derechos humanos.
El momento de presentación del estudio es clave: la Unión Europea revisa sus fondos y sus políticas de cooperación e inversión para el desarrollo, con el trasfondo de que Washington desmantela agendas multilaterales de derechos humanos.
"Un mal momento"
"Es un mal momento para Centroamérica. Venimos de años de años de deterioro de la democracia, de expansión del crimen organizado, de graves violaciones de los derechos fundamentales”, sostiene Juan Pappier, subdirector de la división de las Américas de Human Rights Watch, en entrevista con DW.
"Pero tenemos distintos escenarios", continúa. "El de Nicaragua, que es una dictadura pura y dura, donde se reprime todo tipo de disenso. Es la versión en el hemisferio occidental de Corea el Norte. Luego tenemos a El Salvador, que va, aceleradamente, camino de convertirse en una dictadura, implementando un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales. Y el de Guatemala, donde, poco a poco, se está intentando restablecer el Estado de derecho, con enormes desafíos por la persecución política que avanza con la fiscal general”, detalla Juan Pappier.
¿Y Honduras? "Las irregularidades en las elecciones primarias que ocurrieron a comienzos de mes son un mal presagio para las elecciones generales de noviembre. No obstante, la buena noticia es que los hondureños se mantuvieron a la espera de poder ejercer su derecho al voto”, destaca Pappier.
¿Un patrón general?
El estudio presentado por Red EuLat afirma que, en general, "la región enfrenta un avance del autoritarismo y una erosión del Estado de derecho, caracterizados por el aumento de la criminalización y represión de la protesta social, la vigilancia estatal y la militarización. Estas dinámicas responden a estrategias comunes adoptadas por gobiernos autoritarios en contextos marcados por la desigualdad, la inseguridad, la debilidad institucional y el descontento social".
Entre las estrategias comunes está la herramienta del "estado de excepción”. Dependiendo de la legislación de cada país, el Ejecutivo puede permitirse restringir libertades individuales en aras del bien común.
"Detectamos una cierta normalización de estos estados de excepción por parte de los gobiernos, pero también de la población”, acota Magdalena Bordagorry. "Los motivos son muchos, pero durante el COVID vimos un fuerte declive en cuanto a garantías de libertades fundamentales. Hay que decir que, de cierta manera, cuando le das a elegir entre la seguridad de poder salir de tu casa tranquilo y las otras libertades, una población que está en una situación compleja va a tender a normalizar la reducción de derechos”, añade Bordagorry.
Respuesta europea
Según fuentes europeas, la tendencia en América Central es preocupante. Al programa europeo de asistencia en emergencia se acogieron en 2024 solamente unas mil personas. Desde las instituciones europeas se anuncia un observatorio del espacio cívico, a nivel global. Partiendo de que la seguridad ciudadana no puede ir a costo de los derechos fundamentales, entre los primeros casos que se presenten (junio 2025) estará El Salvador. ¿Por qué?
"Gobiernos como el de Nayib Bukele le hacen un chantaje a los derechos humanos”, responde Juan Pappier. "Obligan a la gente a elegir entre la seguridad y otros derechos fundamentales como las garantías al debido proceso. Pero no hay por qué elegir", subraya.
Como fuere, en el complejo sistema que reduce el espacio cívico en la región, el estudio de Red EuLat detecta tanto actores estatales como no estatales, y también actores ilegales. Y diferencia también el impacto desproporcionado de los instrumentos de reducción del espacio cívico en la población más vulnerable, rural, indígena, pobre. En un momento en que Washington se desmarca de la agenda humanitaria y de cooperación internacional, "más que nunca es necesaria la legislación europea que garantice en su relación de cooperación, de inversión y de diálogo con Centroamérica, la inclusión y el apoyo a la sociedad civil, la base de la democracia", concluye Magdalena Bordagorry.
(cp)
