En Venezuela se recrudece cada vez más el cerco a la libertad de prensa, y la censura es cada vez más arbitraria, con persecución de periodistas, y violaciones a los derechos humanos, escribe Ramón Cardozo en su columna.En Venezuela continúa la dura represión y "se sigue cometiendo el delito de lesa humanidad de persecución por motivos políticos", concluyó contundentemente la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU al presentar, el martes 18 de marzo, su más reciente actualización ante el Consejo de Derechos Humanos.
Una de las principales víctimas de este recrudecimiento represivo del Estado chavista ha sido el periodismo independiente. Tras el fraude electoral del 28 de julio de 2024, fecha que marcó un punto de inflexión en su crisis de legitimidad, el régimen de Maduro ha intensificado su política de silenciamiento de la prensa libre en Venezuela. Esta política represiva se ha convertido en una prioridad estratégica para controlar la narrativa sobre los acontecimientos electorales y para allanarle el camino hacia la autocracia cerrada.
La ofensiva chavista contra la prensa libre venezolana forma parte de su modelo de control hegemónico de las comunicaciones, que incluye el cierre sistemático de medios independientes, la persecución y criminalización de periodistas, el bloqueo y censura digital, y un marco legislativo draconiano que sofoca la libertad de prensa. ¿Hasta dónde se extiende actualmente este cerco informativo?
Continua caída de índices de libertad de prensa en Venezuela
El proceso de autocratización en Venezuela, iniciado con la llegada de Hugo Chávez al poder y consolidado bajo el mandato de Nicolás Maduro, se ha distinguido por una política sistemática de supresión de la libertad de prensa. Esta estrategia se evidencia en la marcada caída del Índice de Libertad de Expresión y Fuentes Alternativas de Información del proyecto Variedades de Democracia (V-Dem), que en los últimos 25 años pasó de 0,78 en 1998 a un preocupante 0,22 en 2024. Este índice, que mide de 0 a 1 -donde 1 refleja el máximo nivel de libertad y 0 una restricción absoluta-, considera valores inferiores a 0,3 como indicativos de una situación crítica, propia de regímenes autocráticos donde las voces independientes enfrentan severas limitaciones
El diagnóstico de V-Dem sobre la crítica situación actual de la prensa independiente en Venezuela encuentra respaldo en otros índices internacionales de prestigio. La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) asignó al país una puntuación de 33,06 sobre 100 en 2024, un deterioro de tres puntos respecto a 2023 (36,99), lo que refleja una situación de libertad de prensa calificada como "muy grave". A su vez, el Índice Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorgó a Venezuela tan solo 6,52 puntos sobre 100 en 2024, un notable retroceso de 6,23 puntos en comparación con 2023 (12,74), situándolo en la categoría más severa: "sin libertad de expresión" al igual que los regímenes de Cuba y Nicaragua.
Siguen creciendo los desiertos informativos en Venezuela
En 2024, según el informe del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), se intensificó el cierre de medios y las restricciones al espacio digital en Venezuela. Durante los primeros seis meses del año, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) clausuró 15 estaciones de radio, cifra que ascendió a 20 al cierre del año, un aumento del 33,33 % respecto a 2023, cuando se cerraron 15 emisoras. Estas clausuras se suman a los más de 400 medios de comunicación -entre prensa escrita, radios, canales de televisión y plataformas digitales- clausurados en el país en los últimos 20 años.
Ante la reducción de medios tradicionales y la fuerte censura que enfrenta la prensa independiente, los venezolanos han migrado hacia los medios digitales como principal fuente de información sobre la política nacional y global. Una encuesta de More Consulting reveló en 2023 que el 62 % de la población prefería estas plataformas frente a los medios convencionales (prensa, radio y televisión).
En respuesta, el régimen de Nicolás Maduro ha extendido su sistema hegemónico de comunicación al ámbito digital. A finales de 2023, cerca de 60 sitios web ya estaban bloqueados, y durante la campaña electoral de 2024 se sumaron cinco más, principalmente medios informativos. Tras las elecciones del 28 de julio y hasta la toma de posesión presidencial del 10 de enero de 2025, en una ola de censura digital sin precedentes, los bloqueos alcanzaron un total de 79 sitios web y servidores censurados, además de restricciones a redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Estas políticas de cierre de medios y bloqueo digital han ampliado los desiertos informativos en Venezuela. Según el "Atlas del Silencio" del IPYS, "7 millones de venezolanos viven en desiertos de noticias, sin acceso a periodismo local de calidad, mientras 8 millones más habitan en zonas de desiertos moderados, donde la cobertura es insuficiente; los municipios del país sin estas carencias son una rareza".
Persecución y criminalización de periodistas
En 2024, el IPYS documentó en su reporte anual "La Prensa cautiva" un total de 383 casos que englobaron 571 violaciones a las garantías informativas de periodistas, medios, activistas por los derechos humanos y miembros de la sociedad civil. Estas cifras reflejan un aumento significativo del 64,38 % en casos y del 63,61 % en violaciones respecto a 2023, cuando se registraron 233 casos y 349 violaciones.
Julio y agosto, con 143 y 74 casos respectivamente, se distinguieron como los meses con mayor incidencia de ataques contra la prensa, concentrados de manera particular durante la campaña electoral, la cobertura del día de la elección y, de manera más intensa, durante las protestas ciudadanas que surgieron tras los resultados oficiales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE)
De las 571 violaciones, el 26,44 % correspondió a agresiones físicas o verbales (151), el 16,81 % a ataques por discurso estigmatizante (96), el 10,33 % a restricciones de acceso a la información (59), el 7,36 % a medidas de censura (42) y el 5,60 % a actos de hostigamiento judicial (32).
La cárcel o el exilio, la amenaza que pende sobre el periodismo critico
En 2024, las autoridades venezolanas detuvieron a 14 periodistas, 11 de ellos entre el 29 de julio y el 28 de agosto durante la crisis postelectoral; aunque algunos fueron liberados hacia finales de año, ocho permanecen encarcelados enfrentando severas acusaciones. La mayoría fue imputada por supuestos delitos de "terrorismo" e "incitación al odio", cargos que acarrean penas de hasta 20 años. De los liberados, cinco quedaron sujetos a restricciones judiciales -como comparecencias periódicas ante tribunales, prohibición de salir del país y veto a pronunciarse públicamente sobre sus casos-, lo que genera incertidumbre y mantiene latente la amenaza de nuevas represalias.
El recrudecimiento de la persecución contra la prensa en este contexto postelectoral ha forzado a muchos periodistas a abandonar sus lugares de trabajo y residencia. Según datos de IPYS, 11 reporteros huyeron del país y otros 11 se trasladaron a diferentes estados dentro de Venezuela. De estos 22 casos, 11 ocurrieron tras amenazas o ataques físicos y verbales, seis después de conocer órdenes de detención en su contra, y cinco ante advertencias de posibles arrestos.
Crece el cerco legal en contra de la libertad de prensa
En 2024, el régimen venezolano profundizó el cerco legal a la prensa critica a través de dos nuevas leyes. Estas normas incumplen el test tripartito del sistema interamericano de derechos humanos (legalidad, proporcionalidad y necesidad), profundizando la censura y la autocensura en Venezuela.
El 29.11.2024 fue promulgada por Nicolás Maduro la "Ley Libertador”, la cual establece penas de hasta 30 años a todo aquel que respalde o participe en la adopción de sanciones internacionales en contra del régimen. Esta norma, además de violar la presunción de inocencia, autoriza al régimen a imponer multas exorbitantes con miras a asfixiar económicamente a medios y periodistas.
El 15.08.2024 fue sancionada la "Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG”. Esta norma refuerza la represión contra la sociedad civil y afecta directamente a los medios independientes ya que, como señala IPYS, "la mayoría de los medios de comunicación independientes que subsisten en Venezuela constituyen organizaciones no gubernamentales, en los términos establecidos en la nueva ley y, por lo tanto, les sería aplicada, probablemente, sin las garantías del debido proceso que están ausentes en la normativa en cuestión”.
Con todas estas medidas, el régimen de Nicolás Maduro avanza hacia la erradicación total de la prensa crítica e independiente en Venezuela, replicando el modelo de censura implementado en Cuba y Nicaragua. Es precisamente en este contexto, donde no existen espacios libres para el debate -rol que tradicionalmente desempeña la prensa libre-, que el régimen pretende conducir la discusión sobre la amplia reforma constitucional que busca imponer al país.
(cp)
