La Comisión Especial para el Proceso de Selección de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México se extinguió pese a que el acuerdo para su creación contempla que esté vigente hasta el desarrollo de la elección (el 1 de junio próximo), por lo que desaparecerla carece de transparencia y deja en la indefensión a los candidatos que no queden en las ternas finales, que tengan recursos de impugnación o tan sólo información pública sobre el tema.
Durante la lectura del comunicado por parte de la presidencia de la Mesa Directiva, Martha Ávila, el coordinador de la Bancada Naranja, Royfid Torres descalificó la extinción de la Comisión y recordó que la misma denominación del órgano legislativo indica que aún no finaliza su trabajo y recordó que la presidencia de la Comisión se ha conducido con omisiones y opacidad, lo que va en contra de todo principio de transparencia.
Como integrante de la Comisión, Royfid Torres lamentó el proceder de su presidente, Alberto Martínez Urincho, quien ha incurrido en reiteradas irregularidades de información y claridad de lo que ha realizado. “No nos ha informado, ni por oficio ni por el chat de la Comisión, absolutamente nada de manera oportuna. Ni siquiera sabemos por medios oficiales de la comisión sobre los listados finales que bien tuvo a llevar al Instituto Electoral de la ciudad de México, sin tener ninguna facultad para ello”, agregó.
El congresista destacó que este tipo de decisiones atentan contra la transparencia, pues al extinguir la Comisión Especial y la información que ha generado se dejará en estado de indefensión a todos los participantes que no fueron elegidos en esta etapa, pero también a toda la ciudadanía que no contará con una vía para solicitar información.
Royfid Torres añadió que, en aras de garantizar el principio de transparencia y máxima publicidad, esta Comisión debería seguir subsistiendo, aunque fuera sólo para generar esa transparencia en el proceso de selección y elección del poder judicial en la CDMX.
También mencionó que la extinción de la Comisión Especial para el Proceso de Selección de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México no debe estar sujeta a ningún acuerdo político entre las fuerzas que integran el Congreso local, sino debe ser un acto jurídico que debe de estar plenamente respaldado.
