México esta bajo una oleada de alrededor de mil extorsiones diarias contra empresarios, pequeños comerciantes y población en general, que dejan millonadas de pesos en ganancias para el crimen organizado, denunció la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Alertó que, de acuerdo con las cifras publicadas por el Inegi, 96.7% de los casos de extorsión quedan en la impunidad y escondidos en la cifra negra, debido a que las personas afectadas no presentan la denuncia correspondiente, por miedo a las represalias de los delincuentes.
Refirió que los datos oficiales arrojaron que solo en enero de 2025 se registraron 923 víctimas de extorsión, cifra equivalente a un incremento de 13.3% respecto a diciembre pasado y 3.8% más en comparación con el mismo mes de 2024.
El organismo patronal señaló el número denuncias y expedientes registrados por el Ministerio Público arrojan un promedio de 30 casos por día; pero, si se toma en cuenta la cifra negra, las víctimas reales de extorsión se disparan a 932 diarios.
“Este fenómeno frena el desarrollo y crecimiento económico, ya que las empresas y pequeños negocios destinan recursos para evitar ser víctimas. En muchos casos, se ven obligados a pagar cuotas para seguir operando”, conocidas como derecho de piso.
Refirió que, en su reporte más reciente, el Inegi señala que “en 2023 el costo de la extorsión fue de casi 26 mil millones de pesos, con un gasto promedio de seis mil 933 pesos por víctima” destacó el organismo del sector empresarial.
Urge ley general vs. la extorsión
A través de sus reporte semanal Señal Coparmex, el organismo del sector privado destacó que es urgente el gobierno federal y el Congreso nacional impulse la promulgación de la Ley General contra la Extorsión.
Afirmó que reforma al Artículo 19 Constitucional, publicada el 31 de diciembre de 2024, incluyó la extorsión en los delitos con prisión preventiva oficiosa, “pero –lejos de combatirla– ésta permite que los acusados aleguen su inconvencionalidad y obtengan beneficios judiciales.
“Además, cuando las carpetas de investigación están mal integradas, los jueces aplican la medida sin un análisis adecuado, dejando en indefensión a las víctimas. Nos oponemos a su inclusión en el catálogo de delitos graves, porque vulnera la presunción de inocencia, compromete la integridad de los detenidos y puede usarse para cometer abusos” señaló.
Frente a tal escenario, la Coparmex propuso:
- Implementar una reforma a la Constitución y la aprobación de una Ley General contra la Extorsión.
- Reformar el Inciso a), fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Extorsión.
- Generar los mecanismos para que, a través de dicha ley, las autoridades competentes coordinen acciones, persigan el delito de forma eficaz y generen estrategias conjuntas para su erradicación.
Actualmente, existen más de 20 modalidades de extorsión, pero los Códigos Penales estatales reconocen menos de la cuarta parte, lo que requiere una legislación nacional que homologue el delito y sus penas.
“Hemos trabajado en una propuesta de Ley General desde la LXV Legislatura, junto con especialistas, penalistas, constitucionalistas y la ANADE. También hemos colaborado con la exsecretaria Rosa Icela Rodríguez, CONASE y la Comisión de Seguridad del CCE. Esta propuesta está lista para ser discutida en el Congreso.
“Hacemos un llamado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para retomar el proceso legislativo y someter el dictamen aprobado al Pleno. Es urgente una ley general que coordine responsabilidades entre las autoridades y fortalezca el trabajo de las Fiscalías a nivel nacional”, señaló la Coparmex.
