El 24 de marzo, el Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua anunció que presentará denuncias penales contra la legisladora por presuntos delitos de peculado y lavado de dinero. Luego de que Andrea Chávez aceptara públicamente lo revelado por un reportaje de Latinus, que tiene en operación unidades médicas móviles, mismas que han servido para su promoción política y que además están financiadas por un empresario.
Los camiones que utiliza Andrea Chávez en su estado natal de Chihuahua están tapizadas con su imagen y, según los reportes, cuestan alrededor de 10 millones de pesos al mes. Este gasto es más que significativo, sobre todo porque el empresario que financia estos vehículos resultó ser Fernando Padilla, un contratista cercano al senador Adán Augusto López, y que es uno de los favoritos de los gobiernos de Morena.
En ese sentido, Daniel Álvarez, dirigente del PAN en Chihuahua, no dudó en acusar a la senadora de usar recursos privados con fines de promoción personal y de violar la ley. Según el PAN, el empresario que financia las caravanas de salud está vinculado a posibles actividades ilícitas, como el lavado de dinero y el peculado.
Por ello, Álvarez adelantó que solicitarán una investigación a fondo sobre el origen de los fondos utilizados para financiar la campaña de la senadora. La acusación señala que este tipo de recursos no tiene justificación legal y podría configurar delitos graves como fraude o el uso indebido de recursos públicos y privados para fines personales.
Asuntos que no le competen como senadora
De acuerdo con las denuncias, si bien la senadora podría estar gestionando estos servicios, su rol como legisladora no la autoriza a ejecutar programas de salud ni a recibir apoyo financiero de empresarios para tales fines. Esto podría estar violando las leyes que regulan el financiamiento de campañas y el uso de recursos públicos, establecidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Finalmente, la diputada federal del PAN, Carmen Rocío González, pidió formalmente a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que investigue si los camiones utilizados por Andrea Chávez cuentan con todos los permisos sanitarios y de operación en regla. González cuestionó si las unidades móviles de salud han sido inspeccionadas para verificar que cumplan con los estándares médicos y si el equipo con el que cuentan es adecuado para proporcionar los servicios prometidos a la ciudadanía.
