Julio César Luna Rodríguez, empresario restaurantero y fundador de la popular cadena Tacos del Julio, fue asesinado el pasado 8 de abril en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Días antes, su nombre ya circulaba en medios tras haberse atrevido a denunciar públicamente una presunta red de extorsión encabezada por altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de San Pedro Garza García.
La denuncia, fechada el 15 de febrero de 2025, fue revelada por el medio Código Magenta el 3 de abril. En ella, Luna señala directamente al secretario de Seguridad Pública municipal, José Luis Curi, y a su coordinador de asuntos internos, Fernando Martínez Huizar, como los responsables de intentar extorsionarlo con una cuota mensual de 80 mil pesos a cambio de permitirle operar sin restricciones. Cinco días después de esa publicación, fue ejecutado.
La red denunciada por el dueño de Tacos el Julio
La declaración del empresario fue contundente: aseguró que elementos municipales armados, acompañados de inspectores, irrumpieron en su negocio para intimidarlo y clausurarlo tras su negativa a pagar la “cuota”. Según narró, Fernando Huizar le dijo que estaba en contacto directo con el secretario Curi y que él tenía “el poder para clausurar cualquier negocio” con el respaldo de la policía.
Además de la amenaza económica, Luna subrayó que los funcionarios presentaron documentos con domicilios erróneos y actuaron fuera de su competencia. Lo preocupante, según la denuncia, es que esta red actuaba con total impunidad y con conocimiento del aparato de inteligencia del municipio.
“Si no pagas, te atienes a las consecuencias”, fue la amenaza que recibió.
Un patrón de corrupción en San Pedro
Lo más alarmante del caso no es solo la denuncia en sí, sino el perfil de los personajes involucrados. Fernando Martínez Huizar, el funcionario que lideró las amenazas, tiene al menos cuatro procesos judiciales abiertos en la Fiscalía Estatal por fraude, abuso de confianza y otros delitos. A pesar de ello, ocupa un cargo de confianza clave en la Secretaría de Seguridad Pública.
La administración municipal, encabezada por el alcalde Mauricio Fernández Garza, ha sido criticada por designar a funcionarios con antecedentes judiciales en áreas sensibles, como el control de confianza y asuntos internos. No es el primer caso: otros elementos de seguridad municipal han sido señalados por delitos graves e incluso sentenciados en Estados Unidos. Esta política de omisiones ha permitido que personas con historial delictivo operen libremente desde la estructura de gobierno.
Silencio institucional y consecuencias mortales
El asesinato de Luna ocurrió cinco días después de que su denuncia se volviera pública. Fue interceptado por hombres armados mientras conducía su camioneta Peugeot. Recibió 15 disparos. Las autoridades locales no han emitido pronunciamientos públicos relevantes tras su ejecución, lo que ha generado críticas por el silencio institucional ante un crimen con fuertes implicaciones políticas.
Vecinos y comerciantes del Centrito Valle, donde Luna tenía su negocio, han expresado temor e indignación. El caso ha evidenciado que la corrupción y las amenazas no solo provienen del crimen organizado, sino también de estructuras oficiales que deberían garantizar la seguridad y el orden público.
