La Ley Alina plantea una reforma para modificar el Código Penal en materia de legítima defensa, la cual se ha convertido en un tema de debate polarizado. En una esquina se encuentran aquellos que la defienden como una medida necesaria para proteger a las mujeres víctimas de violencia, mientras que en la otra están críticos que aseguran que esta legislación abre la puerta a un peligroso vacío legal que podría permitir que las mujeres, bajo pretexto de legítima defensa, cometan homicidios sin enfrentar las consecuencias legales.
El origen de esta ley proviene de un caso de alto perfil en Baja California, el de Alina Narciso, una expolicía de Tijuana que mató a su expareja en un contexto de violencia doméstica. En 2023, un tribunal revocó su sentencia de homicidio y la exoneró, ya que se determinó que había actuado en legítima defensa después de ser agredida por su pareja. Este caso despertó un debate sobre la necesidad de reformar el marco legal para garantizar que las mujeres víctimas de violencia no sean criminalizadas por defenderse.
¿Qué plantea la Ley Alina?
Dicha ley busca reformar los artículos 23 y 49 del Código Penal para permitir que las mujeres que sufran violencia física, psicológica, sexual o feminicida puedan alegar legítima defensa sin que su respuesta se considere un “exceso”. La propuesta, impulsada por legisladoras de Morena y PAN, ha sido aprobada en Baja California, y se encuentra en discusión en otros estados como Tamaulipas y el Estado de México.
De esta manera, se pretende que la reforma proporcione a las mujeres una mayor protección frente a un sistema judicial que históricamente las ha revictimizado y, en algunos casos, ha favorecido a los agresores.
Los defensores de la ley aseguran que se trata de un paso necesario para garantizar la justicia de las mujeres, quienes, en muchos casos, enfrentan agresiones graves en sus hogares y, al defenderse, son tratadas como criminales. Además, argumentan que esta reforma tiene un enfoque de género que permitirá juzgar los casos de violencia doméstica de manera más justa y contextualizada.
La otra lectura de la Ley Alina
Por otro lado, el comunicador Alex Flores y otros críticos han calificado la Ley Alina como un atentado contra los derechos humanos de los hombres, argumentando que esta reforma abre un peligroso precedente que podría facilitar la impunidad en casos de homicidio. Flores sostiene que la ley permite que cualquier mujer alegue legítima defensa sin necesidad de probar un peligro inminente o un exceso en el uso de la fuerza.
Según Flores, la eliminación de la figura de “exceso en la legítima defensa” podría permitir que una mujer alegue que se sentía amenazada por la presencia de un hombre, incluso sin que existiera una amenaza directa o real. El comunicador advierte que, bajo esta premisa, cualquier mujer podría, por ejemplo, matar a su pareja durante una discusión y alegar que actuó en legítima defensa, sin necesidad de pruebas que respalden su versión de los hechos.
Flores critica la vaguedad de la ley, que no establece criterios claros sobre lo que constituye un “peligro inminente” o una “situación de violencia”. Además, señala que la ley favorece a las mujeres en situaciones de conflicto doméstico, sin tener en cuenta el contexto o los antecedentes de violencia. De acuerdo con esta interpretación, la mujer podría alegar legítima defensa incluso si no estaba en una situación de peligro inminente, lo que podría dar pie a que se justifiquen actos de violencia desproporcionada.
De igual forma, menciona que si se eliminan los “candados jurídicos” que limitan el abuso de la legítima defensa, cualquier persona, independientemente de su género, podría utilizar la excusa de la defensa propia para evadir las consecuencias de un crimen, lo que podría resultar en una impunidad generalizada. En este sentido, critica a los defensores de la ley por promover una reforma que, según él, favorece a las mujeres en detrimento de los derechos de los hombres, generando un ambiente de desigualdad en el sistema judicial.
La ambigüedad de la ley
El principal punto de fricción entre los defensores y detractores de la Ley Alina radica en la ambigüedad de sus términos y la falta de criterios claros para determinar cuándo una mujer realmente se encuentra en peligro de sufrir violencia. Mientras que los defensores argumentan que la ley busca proteger a las mujeres en situaciones de abuso, los críticos temen que esta falta de definición pueda ser explotada para justificar asesinatos y otros actos de violencia.
Asimismo, algunos detractores señalan que la reforma no especifica qué constituye un “peligro” o cómo se debe evaluar la situación de la víctima. Esta falta de parámetros podría permitir que se utilicen testimonios vagos y subjetivos para justificar homicidios, sin necesidad de pruebas contundentes.
