A dos semanas del arranque de las inéditas campañas judiciales que se llevarán a cabo en México para la elección del 1 de junio, el colectivo Defensorxs identificó al menos 13 candidaturas con antecedentes ligados al crimen organizado, violencia sexual, corrupción, negligencia institucional y vínculos con sectas político-religiosas.
A través de la plataforma “Justicia en la mira”, la organización documentó casos como el de Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien busca un cargo como jueza penal local en Chihuahua.
De acuerdo con el informe, Delgado formó parte del equipo jurídico del líder del Cártel de Sinaloa en 2016, donde operaba como enlace directo en la revisión de amparos y el seguimiento de su situación jurídica.
Candidatos con pasado oscuro
Otro caso que genera preocupación es el de Francisco Herrera Franco, aspirante a juez penal federal en Michoacán, señalado por mantener presuntos acuerdos con grupos del crimen organizado. Durante su paso como fiscal estatal entre 2020 y 2023, fue apodado el “fiscal del terror″ y está vinculado a las investigaciones por el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares en 2022.
Las denuncias también alcanzan a Nicollino Cangiamilla, candidato a magistrado en Sonora, quien enfrenta acusaciones por negligencia en su gestión como director del sistema penitenciario local. Se le responsabiliza por omisiones en el caso de Paula Josette, una joven que falleció durante una visita conyugal irregular en un centro de reclusión. La madre de la víctima, Briseia Arizona Velarde, criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) por permitir su candidatura pese a los antecedentes públicos.
ONG’s denuncian anomalías
Las organizaciones firmantes del pronunciamiento —entre ellas Ni Una Más Hermosillo, Artículo 19, Fundar y México Evalúa— advirtieron que “no permitirán que perfiles con acusaciones graves se conviertan en jueces o magistrados”, y urgieron a las autoridades a garantizar transparencia y depuración en el nuevo proceso electoral judicial.
Estas elecciones, sin precedentes en México, derivan de una reforma constitucional promulgada en septiembre pasado, que permitirá a más de 97 millones de ciudadanos elegir directamente a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a 881 cargos judiciales federales, de entre más de 3 mil 400 candidaturas registradas.
