A pesar de que desde el pasado 18 de enero entró en vigor la reforma constitucional que prohíbe la producción, distribución y comercialización de cigarros electrónicos, vapeadores, continúan a la venta en tiendas de conveniencia y cadenas comerciales de la Ciudad de México alertó la organización Salud Justa MX.
La reforma, publicada el 17 de enero en el Diario Oficial de la Federación, adicionó un párrafo al Artículo 4º y otro al Artículo 5º de la Constitución, con lo cual se prohibieron expresamente las actividades comerciales relacionadas con estos dispositivos, al considerarse una amenaza para la salud pública.
Su venta sin restricciones
Sin embargo, casi tres meses después de su entrada en vigor, aún se exhiben sin restricción en establecimientos como Oxxo y Sanborns. En estos puntos de venta, ubicados incluso en el Centro Histórico de la capital, los aparatos se ofrecen con precios que oscilan entre los 599 y los mil 899 pesos.
Encargados de algunas tiendas señalaron que tras la entrada en vigor de la reforma, diversas marcas retiraron sus productos del mercado.
En algunas sucursales de Sanborns, incluso se mantienen stands promocionales donde promotores explican el funcionamiento y sabores disponibles de los dispositivos para calentar tabaco.
Incumplen con la Ley
La permanencia de estos productos en el mercado ocurre pese a que los transitorios de la reforma establecen que, a partir de su publicación, todas las disposiciones contrarias quedarían derogadas, y que el Congreso de la Unión cuenta con un plazo de 180 días para armonizar la legislación secundaria.
La reforma constitucional representó el cierre de un proceso legal que comenzó en 2020 con decretos presidenciales y múltiples litigios entre autoridades y comercializadores de estos productos, e incluso con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021, que consideró inconstitucional prohibir la comercialización de vapeadores sin base legal clara.
Hoy, con una base constitucional explícita, la continuidad de la venta de vapeadores pone en entredicho el cumplimiento de la norma y reaviva el debate sobre la eficacia de las regulaciones.
