A seis meses de que concluya el ciclo quinquenal 36 del Tratado de Aguas de 1944, México ha entregado menos del 30% del volumen comprometido a Estados Unidos, lo que ha encendido alertas diplomáticas y podría derivar en sanciones económicas si no se resuelve en el corto plazo.
De acuerdo con datos oficiales, desde el 25 de octubre de 2020 México solo ha transferido poco más de 600 millones de metros cúbicos de agua de los 2,160 millones acordados, lo que representa un déficit del 72%.
El agua debe provenir de seis afluentes del río Bravo: los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y el arroyo de las Vacas.
México tiene dos salidas
Ante este panorama, especialistas nacionales e internacionales advierten sobre un posible agravamiento en la relación bilateral.
Gonzalo Hatch Kuri, investigador del Colegio de Geografía de la UNAM, explicó que México tiene dos salidas legales: acogerse al Acta 234, firmada en 1969, que permite transferir la deuda al siguiente ciclo si no hubo incumplimiento previo —como ocurrió en el ciclo 35—, o aplicar la nueva Acta 331, aprobada en 2024, que permite utilizar excedentes de los ríos San Juan y Álamo. Esta última opción, sin embargo, requiere negociaciones con concesionarios de presas como El Azúcar y Las Blancas.
El experto advirtió que un mal manejo de la situación podría reactivar conflictos sociales, como ocurrió en 2020 en San Francisco de Conchos, Chihuahua, donde protestas por la entrega de agua a Estados Unidos derivaron en enfrentamientos violentos.
En el plano internacional, la investigadora Rosario Sánchez, del Instituto de Políticas Públicas de Texas, señaló que el tratado de 1944 requiere una actualización para incorporar criterios climáticos frente a fenómenos como las sequías prolongadas.
Sequía una actor determinante
Cuestionó que ni los gobiernos ni la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) hayan abordado esta necesidad, a pesar de que ya se han hecho ajustes similares en el caso del río Colorado.
A nivel nacional, persisten problemas estructurales en el manejo del agua. Hatch Kuri subrayó la urgencia de reformar la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1991, para combatir la sobreconcesión del recurso y garantizar un reparto más equitativo. En Chihuahua, por ejemplo, se reportan más de 12 mil pozos ilegales, lo que contribuye al descontrol hídrico en la región fronteriza.
