La diputada Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa que propone una reforma al artículo 4 de la Constitución Política para adicionar un párrafo vigésimo quinto, en el que se establezca que toda persona tiene derecho a ser buscada de manera efectiva, exhaustiva y expedita, bajo el principio de presunción de vida.
La legisladora destacó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de desapariciones. Además, aboga por la creación de mecanismos claros para la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de restos humanos, siempre con respeto a los derechos humanos.
¿Qué se busca con la iniciativa?
La iniciativa también estipula que el presupuesto destinado a garantizar este derecho no podrá ser inferior, en términos reales, al del año inmediato anterior.
En su exposición de motivos, López Rabadán señaló que la desaparición forzada es uno de los delitos más devastadores, pues no solo representa una grave violación a los derechos humanos, sino que suele ir acompañada de otros crímenes como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Además, indicó que este tipo de delitos se ve agravado por la impunidad.
El proyecto de reforma fue enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis.
En el documento, la diputada subraya que México ha sido un líder internacional en la lucha contra las desapariciones forzadas, siendo el segundo país en ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, en los últimos años, el aumento de la violencia y la inseguridad en el país ha provocado un incremento exponencial de este delito.
¿Qué dicen las cifras?
De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, hasta el 17 de marzo de 2025, hay 124 mil 266 personas reportadas como desaparecidas en México.
López Rabadán destacó que esta iniciativa representa un avance crucial en la lucha por garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral de las víctimas y sus familiares.
