Representantes de colectivos de personas buscadoras provenientes de diversos estados del país acudieron este domingo a la Cámara de Diputados para participar en el foro “Personas desaparecidas: Lucha por la memoria y la justicia”, organizado por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT).
Durante el encuentro, exigieron que sus voces sean tomadas en cuenta antes de que el Poder Legislativo avance en la formulación de una nueva ley sobre desapariciones.
Abandono institucional
Familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares —provenientes de Michoacán, Jalisco, Sonora y Nayarit—. Denunciaron la falta de voluntad política, la negligencia institucional y la ausencia de coordinación entre autoridades ministeriales, forenses y de seguridad pública.
Blanca Liliana Jaimes, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México (Michoacán), señaló que los casos reflejan una política de Estado caracterizada por la impunidad y la omisión:
“La inacción y la indiferencia son cómplices. Nuestras denuncias evidencian el abandono institucional. Muchas veces somos las madres quienes arriesgamos la vida en la búsqueda, sin respaldo ni protección”.
Jaimes criticó que no se haya consultado a las víctimas en procesos legislativos recientes, como en el caso de Teuchitlán, Jalisco, y cuestionó la politización del acceso a la justicia: “La atención depende de la afiliación política. ¿Qué les pasa? ¿No sienten el peso de nuestros desaparecidos sobre sus hombros?”, reclamó.
Virginia Gil, del colectivo Desaparecidos Michoacán, exigió una reunión formal con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para establecer compromisos concretos que se reflejen en el diseño de una ley nacional con perspectiva de víctimas.
<i>Del discurso a los hechos hay un abismo. Si las familias no participamos, la ley no servirá</i>
— Virginia Gil
Asimismo, urgió a implementar protocolos para atender a los hijos e hijas de personas desaparecidas, quienes muchas veces quedan al cuidado de familiares sin apoyo institucional.
Por su parte, Irma Arellano Hernández, vocera del colectivo Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos, alertó que muchas buscadoras han sido asesinadas tras hacer públicos sus casos. Por ello, demandó que cualquier reforma legislativa sea consensuada con los 95 colectivos que operan actualmente en el país.
Exponer nuestras búsquedas nos pone en riesgo. El gobierno debe garantizar condiciones de seguridad y consulta real
— Irma Arellano
Llaman a la movilización social
El diputado federal José Luis Sánchez, del PT, llamó a la movilización social frente a lo que calificó como una crisis humanitaria prolongada:
“La desaparición de personas no es un fenómeno aislado, sino la expresión de un modelo de abandono institucional y de complicidad estructural que debemos erradicar”.
México enfrenta una de las crisis más graves en materia de desapariciones en el hemisferio occidental. Según datos oficiales, hay más de 110 mil personas desaparecidas y no localizadas, lo que representa una de las mayores deudas del Estado mexicano con su sociedad.
