La senadora Cecilia Guadiana ha sido señalada por usar una unidad médica móvil para promover su imagen en Coahuila. La polémica surge poco después de que su compañera de partido, Andrea Chávez, fuera cuestionada por una acción similar en Chihuahua.
Desde el pasado 20 de octubre, Guadiana inauguró un consultorio móvil en Saltillo que, en su presentación, llevaba impresa una imagen de gran tamaño de la legisladora. Aunque afirma que el proyecto tiene fines sociales y está financiado en parte con recursos personales y donaciones de empresarios (al igual que Chávez), diversos sectores la acusan de utilizar estos servicios como parte de una campaña anticipada, lo cual está prohibido por la ley electoral.
La situación se complica por la participación del delegado del Bienestar, Américo Villarreal, hijo del gobernador de Tamaulipas y pareja de la senadora, quien según información difundida por Latinus, colabora en la entrega de apoyos sociales a través de este vehículo.
Unidades médicas móviles llegan a la “mañanera”
El tema llegó incluso a la conferencia matutina, donde la presidenta Claudia Sheinbaum evitó hacer comentarios directos, aunque reiteró que los programas sociales “son derechos del pueblo y no deben estar vinculados a ningún partido o figura política”.
Por su parte, la senadora intentó justificar el proyecto aclarando que el vehículo es modesto, “un camión viejo rentado por horas”, y que mucho del material médico proviene de donaciones básicas como algodón, alcohol y medicamentos. Sin embargo, sus declaraciones no convencen a quienes ven en estas acciones una forma de lucrar políticamente con un sistema de salud ya debilitado.
En ese sentido, Carlos Loret de Mola comentó que primero se desmanteló el Seguro Popular y otros servicios públicos de salud, y ahora se pretende llenar ese vacío con iniciativas que parecen más propaganda que verdadera ayuda social. El hecho de que empresarios estén realizando aportaciones económicas o en especie sin la transparencia adecuada, solo agrava la situación.
Por ahora, no se ha anunciado ninguna investigación formal, pero el caso ha encendido un debate sobre el uso de recursos públicos, donaciones privadas y los límites de la promoción personal en tiempos no electorales.
