Con 476 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que endurecen las penas por tráfico e introducción ilegal de armas al país, con sanciones de hasta 30 años de prisión.
La reforma también contempla nuevas disposiciones que permiten a los ciudadanos obtener permisos más accesibles para portar armas en su domicilio, con el fin de defender su vida y patrimonio frente al incremento de la violencia ligada al crimen organizado. En caso de fallecimiento del titular, el arma deberá ser entregada por un tercero previamente designado.
La reforma reconoce el derecho a la autodefensa y reglamenta la posesión de armas para salvaguardar la integridad personal bajo estrictos límites legales, aunado a que se permite a los comuneros y ejidatarios armarse para defensa personal, y se precisan los calibres permitidos para ello.
¿Qué contiene la nueva reforma?
Entre los cambios aprobados, se incluye la autorización para el uso de armas de fuego en áreas estratégicas y de seguridad pública dentro de empresas públicas, paraestatales y órganos autónomos como Pemex, CFE, Banxico, la Casa de Moneda y el SAT, con el objetivo de reforzar las labores de seguridad interna.
Durante la presentación de la reforma, el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Arturo Oliver Cen, destacó que también se prohibirá la fabricación y posesión de armas impresas en 3D, así como los mecanismos diseñados para convertir armas semiautomáticas en automáticas.
Todos los grupos parlamentarios respaldaron la iniciativa y destacaron que las reformas representan un avance en el control de armas, la promoción del derecho a la legítima defensa en el ámbito doméstico y la implementación de campañas educativas para concientizar a la población.
Sanción por tráfico de armas
El dictamen establece que “se impondrá de 7 a 30 años de prisión y multa de doscientas cincuenta a dos mil veces el valor diario de la UMA a la persona que participe en la introducción de armas al territorio nacional de forma ilícita, de aditamentos para convertir armas semiautomáticas en automáticas, así como armas y cargadores reservados para el uso exclusivo de la Fuerza Armada
La iniciativa fue turnada al Senado para su discusión y posible aprobación.
