El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón presuntamente incurrió en actos de corrupción en la compra de 110 unidades de transporte público para las rutas exprés, con contratos asignados por 364 millones de pesos.
Lo anterior lo denunciaron los titulares de la Secretaría de Movilidad y el Instituto de Movilidad, Hernán Villarreal y José Manuel Valdez, respectivamente.
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“Nosotros vamos a denunciar posibles irregularidades en el cumplimiento del contrato, probables alteraciones en la documentación y presuntas faltas administrativas en contra de los servidores públicos que resulten responsables”, explicó Villarreal.
Los funcionarios estatales acudieron a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Anticorrupción de la Contraloría General del estado y la Fiscalía Especializada Anticorrupción, este jueves.
Villarreal detalló que en el primer contrato investigado se adquirieron en febrero del 2020, 80 unidades de transporte, que se debían entregar en un plazo de 90 días, por un monto de 256 millones de pesos con un pago de anticipo de 50 millones.
La entrega se incumplió, pero la autoridad fue omisa al aplicar la pena por 7 millones 94 mil 400 pesos por incumplimiento y no ejercieron fianzas.
“También se encontró una diferencia entre las unidades contratadas y las efectivamente recibidas”, dijo.
En el otro caso, en febrero del 2021, se adquirieron 30 unidades de transporte para entrega en 90 días por un monto de 108 mil 348 millones de pesos y se pagó un anticipo de 21 millones de pesos.
“Pero en mayo del 2021 se otorga una prórroga de 200 días, la cual se incumple”, añadió.
Se presume que la autoridad incurrió en irregularidades al variar las condiciones de entrega.
“Es decir, a los licitantes se les dijo que tenían que tener unidades en 90 días y después que se asigna el contrato dan una prórroga de 200 días, que de hecho se incumple”, especificó.
Es decir, que el gobierno del Bronco realizó licitaciones amañadas.
“Además se presume de la existencia de la fianza, que garantiza el anticipo y a la fecha no se han restituido los anticipos otorgados, ni aplicado las penas convencionales”, amplió.
El estado no dio a conocer los nombres de las empresas a las que les fueron asignados estos contratos.
