Desde que ganó la elección como candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, en el 2015, Jaime Rodríguez Calderón destacó como una figura polémica y su sexenio estuvo marcado por los escándalos.
“La cereza del pastel” fue su vinculación a proceso por presuntos delitos electorales, que lo mantiene tras las rejas ya que un juez de control le dictó prisión preventiva oficiosa.
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Sin embargo, mucho antes de eso el Bronco estuvo en el “ojo del huracán”.
Por ejemplo, apenas empezaba su mandato cuando su administración se cuestionó por la compra de cobertores a precios inflados. El caso se conoció como “el cobijagate” y se estableció que su gestión pagó 29 millones de pesos por 200 mil cobertores.
Otra polémica fue cuando el estado adquirió un dron hechizo a un costo de 57 millones de pesos. Se cuestionó que la unidad tenía un costo mucho menor y ni siquiera nunca funcionó ya que se reportó que sufrió un percance en las prácticas.
Jaime Rodríguez Calderón fue duramente cuestionado no solamente porque su suegra María Teresa Martínez aparecía en la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública, sino porque recibió un aumento de un 144% para recibir una pensión muy superior a la que le correspondía.
Este caso fue conocido como la “broncosuegra”.
Por si todo eso fuera poco también se presume que utilizó a 572 empleados para que en días y horas laborales recolectarán firmas a su favor para avalar la su candidatura independiente a la presidencia de la República. Ese caso se conoció como las “broncofirmas”.
