Nuevo León acumula de enero a mayo del presente año un total de 8 mil 851 denuncias por violencia familiar. Este delito se ha ido incrementando en Nuevo León en los últimos años, el año pasado cerró con 21 mil 029 casos contra 17 mil 940 del 2020 y 16 mil 339 del 2019.
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Del 2022, el mes de mayo es cuando se acumulan mayor número de denuncias con 2 mil 429, le sigue marzo con 2 mil 003; abril con mil 953; febrero sumó mil 278 y enero mil 118.
De acuerdo con especialistas y activistas el problema de la violencia familiar debe ser atendido de manera urgente por las autoridades estatales.
Claudia Tapia, exdiputada local y activista de “Ya Basta Nuevo León”, acusó que falta política pública para poder prevenir este delito.
“En muchos de los casos de feminicidios, ustedes van a poder encontrar que las denuncias anteriores a que llegaran a ser feminicidios están relacionadas o bien estas fichas de desaparición que es el único camino que les queda a estas muchas que se tienen que ir de sus casas”, dijo.
Escasez del agua detonante de violencia familiar
Indicó que la violencia familiar se tiene que revisar desde varios ángulos ya que, por ejemplo, actualmente con el tema de los cortes de agua genera una situación de tensión hacia el interior del núcleo familiar.
“No están midiendo que en los hogares esto incrementa aún más la tensión y sobre todo recae o la persona que más lo siente es la mujer pues es quien se encarga de las labores del hogar, de los hijos, de acarrear los mismos botes de agua y desgraciadamente esto incrementa la violencia y el estrés dentro de la familia”, explicó.
La crisis hídrica en el estado se recrudeció a partir del mes de marzo y en estos meses, la cifra de denuncias por violencia familiar reflejaron un incremento en comparación con los meses de enero y febrero.
También indicó que las autoridades estatales están más preocupadas en otros temas políticos y no en resolver los temas prioritarios que en este caso es salvaguardar la vida de los niños y las mujeres.
Condenó los conflictos entre el gobierno del estado y el Congreso local y sostuvo que falta legislar sobre el tema.
“Y también con lo que está (de leyes) que se pudiera aplicar con eso estaríamos del otro lado”, aseguró.
Sin embargo, afirmó, que falta voluntad política y compromiso de parte del ejecutivo para aplicar lo que está legislado.
“Podemos decir que en esta guerra política en la que se está pidiendo la renuncia del Fiscal no vemos que se ponga en la mesa también de quienes están encargados de la prevención que es Seguridad Pública y el Instituto Estatal de las Mujeres”, indicó.
Puntualizó que no estamos hablando de un gobierno nuevo porque lleva ya más de 7 meses trabajando y tienen que haber resultados.
