La violencia familiar en Nuevo León está en números rojos, la Fiscalía General de Justicia en el Estado reportó que hasta el corte del 11 de agosto, que comprende los meses de enero a julio, se han registrado en la entidad 13 mil 248 casos, con más de 2 mil incidencias en los meses de mayo a julio, lo cual indica que el delito va al alza.
El asesinato del menor identificado como Tadeo, apuñalado en repetidas ocasiones por su propia madre, Perla “N”, y el crimen de Johana Ligues, quien fue golpeada hasta la muerte por su esposo Jesús Antonio “N”, son tan sólo dos hechos delictivos que trascendieron, especialmente porque fueron perpetrados por familiares cercanos a las víctimas.
Sin embargo, hay muchos más que no se popularizaron en redes sociales pero forman parte de las estadísticas de la violencia familiar que va en aumento en Nuevo León.
Los números se proporcionan a partir del 2019 y en ningún mes, excepto en junio de 2021, se había superado la cifra de más de 2 mil casos.
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La Fiscalía detalló que en enero de este año hubo mil 188 casos, en febrero sumaron mil 278. Marzo y abril registraron 2 mil 3 y mil 953, respectivamente.
De mayo se tienen registrados 2 mil 429, junio reporta 2 mil 282 y julio 2 mil 115.
Betzabé Triana, coordinadora del área de Construcción de Paz, del Consejo Cívico de las Instituciones, indicó que en realidad lo que hay que hacer es, con carácter de urgente, no enfocarse en los números ni en las estadísticas, sino buscar información que para encontrar los perfiles sociodemográficos, socioeconómicos y territoriales donde se suscitan los entornos de violencia para poder, ahora sí, diseñar y generar opciones conjuntas enfocadas hacia el problema.
“¡Es urgente!, el tema de un diagnóstico causal integral es básico. Después de tantos años que el delito de violencia familiar en Nuevo León ha tenido cifras alarmantes aún no se le ha dado visibilidad al tema de la prevención”, aseguró Triana.
Hablando de violencia en sus diferentes tipos, categorías y de la naturaleza que se presenta, desde organismos como Consejo Cívico, que trabaja muy de la mano con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, con el Consejo Nuevo León y algunas otras organizaciones de la Sociedad Civil, apuestan a este tema y dan vida a la Ley Estatal de Prevención Total de la Violencia con la finalidad de ir más allá de las estadísticas.
Lo importante, señaló Triana, es detectar cuáles son los factores de riesgo que efectivamente se están presentando en la problemática.
“Nosotros tenemos una alianza muy fuerte con el Consejo Nuevo León que tiene un observatorio de seguridad ciudadana y nos pasan estadísticas”, explicó. “Justo estábamos revisando que estamos, otra vez, en tercer lugar nivel nacional en el tema de violencia familiar. En 2020 y 2021 estuvimos en tercer lugar y ahora seguimos también en esa posición”.
Triana explicó que aunque la ciudadanía ha empezado a adquirir la sensibilidad de la denuncia llamando, por ejemplo, al 911, del C5 no todas esas acusaciones se convierten en carpeta de investigación.
“Si se pudiera abrir una carpeta para poder darle seguimiento a la problemática las cosas serían muy diferentes. Sin embargo, nosotros como Consejo Cívico, hemos estado muy atentos y atentas porque si seguimos enfocándonos en el tema de los delitos nunca vamos a entender cuál es el fenómeno que se está presentando, cuáles son las causas raíz que generan toda esta situación”, detalló.
El agresor y el entorno
Triana expresó que un factor de riesgo es la presencia de un varón, una pareja o un esposo que presenta impulsivilidad, ira o agresividad y obviamente genera el entorno de violencia, siempre con una víctima.
“O bien también hay testigos que no necesariamente reciben, digamos, una amenaza o un abuso físico o de otro tipo. Al día de hoy nuestra postura es que tenemos que enfocarnos más hacia los diagnósticos causales y a los diagnósticos integrales para saber qué es lo que efectivamente está pasando”, reiteró.
Aunado a esto se debe trabajar de forma sistemática, no solamente brindando atención a las víctimas sino también entender la contraparte, el tema de los agresores.
“¿Qué es lo que está pasando en la cabeza de estas personas que en su mayoría son detonantes de violencia? pero también ¿cómo se genera un círculo vicioso en todo el proceso?”, indicó Triana.
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Y otro factor clave que también consideran importante es entender lo que está viviendo un testigo que pueden ser los hijos, los papás o personas de edad avanzada que están inmersos en el entorno ya que al final del día también están sufriendo.
“Consejo Cívico ha estado muy insistente en el tema de la incidencia en un Programa Estatal de Prevención. Si hablamos en años, no se ha contado con este aproximadamente desde el 2012″.
Esto a pesar de que sí hay una Ley Estatal de Prevención que incluso se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
“Sin embargo, los gobiernos locales… el gobierno del Estado como que no le dieron mucha importancia al tema”, reveló.
No obstante hoy en día, indicó Triana, sí se podría decir que han encontrado voluntad política.
“Al menos un poco más de receptividad por parte de los encargados de lo que dicta el marco legal, por ejemplo la Secretaría Seguridad y la Subsecretaría de Prevención Social y Seguridad Humana. Ya podemos hablar que existen mesas ciudadanas de trabajo en las que podemos colaborar en el diseño del programa estatal”.
Triana comentó que desafortunadamente no se pueden elaborar diagnósticos que prevengan una agresión porque aunque los casos están identificados, se sabe dónde están, quién es la el agresor, qué tipo de problemática se pudo haber suscitado o qué cuestiones de salud mental provocan los actos de violencia, no hay una conexión de información.
“Lo que vemos como un área de oportunidad es que existen sistemas de información en donde se recopilan todos los datos, pero están todos desconectados”, explicó. “De entrada hablamos de un C5, del C4… hablamos de las carpetas de investigación que se canalizan a la Fiscalía, pero todo esto es una desconexión impresionante”.
Lo que la prevención social busca, añadió, es la transversalidad de atención del problema como los programas de las instituciones, de las organizaciones de las sociedad civil y de la iniciativa privada.
“Que puedan trabajar de manera coordinada, obviamente con una voz cantante y se puedan determinar las causas y las problemáticas”.
Lo que ha cambiado ahora es que la sociedad puede solicitar datos o estadísticas a las dependencias y eso es una buena señal.
“Le puedes solicitar, por ejemplo, a la Fiscalía, información, ´oye, estoy haciendo una investigación´ o ´necesito este dato´, te lo pueden proporcionar. Por eso hablaba yo de la voluntad política, sin embargo no existe un diagnóstico. Nosotros, como sociedad civil, preguntamos ´bueno, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos de violencia familiar?´ y realmente no tienen una respuesta correcta”.
Triana reiteró que la cultura de la denuncia es clave,
“Es bien importante que exista un grado muy intensivo en este tema. Que las personas que sufren entornos de violencia no tengan miedo de levantar el teléfono porque al final del día se crean círculos viciosos que se van pasando a través del tiempo, son generacionales y ¡hay que romperlos! Pero si la gente no tiene esa capacidad de levantar la mano y decir ´soy víctima´ va a estar complicado”, aseguró Triana.
A detalle
Por tercer año consecutivo Nuevo León es tercero a nivel nacional en violencia doméstica.
La cultura de la denuncia es clave para bajar los índices a nivel estatal.
Betzabé Triana, coordinadora del área de Construcción de Paz del Consejo Cívico de las Instituciones, revela que no hay diagnósticos de prevención.
No hay conexión de datos entre C5, C4 y la Fiscalía que permitan conocer dónde y por qué se registran los casos de violencia.
