Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres en Nuevo León, propone la creación de un “buro de crédito” en el que estarían todos los deudores alimentistas, que además se convertiría en un crédito fiscal.
Este impediría que quienes no cumplen con el pago de pensiones a los hijos no sean sujetos de fiabilidad ante instancias financieras, tiendas departamentales o a la hora de comprar un auto a plazos.
“¿De qué serviría? Para que haya sanciones más severas, que (los deudores) estén en un registro… y nadie quiere estar en un registro donde te digan ´tú eres un deudor, no tienes créditos bancarios, no tienes créditos automotrices ni comerciales´”, dijo la funcionaria.
“Si no pagas lo primero, que es tu obligación de mantener a tus hijos, ¿por qué vas a tener créditos en tiendas departamentales y demás?”.
Aceptó que sí es una presión, como las sanciones, como todo lo que es represivo.
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“Ojalá todos fuéramos utópicos y cumpliéramos nuestras obligaciones, pero tiene que haber una sanción y una represión”.
Ese registro, añadió Buchanan, serviría también para que las mujeres que quieran contraer matrimonio sepan a quién unirán su vida.
“Te vas a casar con alguien que no paga su pensión o vas a seguir con alguien que no cumple con sus obligaciones fundamentales, que es la primera obligación que tenemos para todos los menores”, expresó la secretaria de las Mujeres.
Buchanan destacó que uno de los motivos por los que las mujeres soportan la violencia es por la parte económica.
“Y, si tienen hijos, la obligación es de ambos porque son iguales ante la ley. Las pensiones alimenticias no se tardan porque el juez está obligado a dar una pensión provisional a la presentación de la demanda”, explicó “eso le da una capacidad económica (a la mujer) o cuando menos un crédito a su favor para que pueda sostenerse y no tenga que soportarla violencia”.
El registro incluiría, además, a agresores sexuales o violentadores familiares.
“También las mujeres tenemos derecho a saber quienes son los que han agredido sexualmente a otra persona. Dicen es que es invadir la privacidad, pero también el derecho de una persona termina cuando empieza el de otra. El (derecho) de una mujer es saber que no se está relacionando con un sujeto violento, quien para salir de ese registro tiene que ir a terapia, esto si queremos erradicar la violencia de género y contra las niñas”, afirmó Buchanan.
“No hay bases para ese tema”
Sin embargo, la propuesta de Buchanan no fue bien recibida por la asociación No Más Hijos Rehenes porque sus integrantes consideran que intervienen muchos factores para que una persona no pague una pensión.
“Esta señora Buchanan comentó que quieren legislar el tema de que cuando los hombres te fallan en la pensión alimenticia se vayan a un buró de crédito, que no les otorguen crédito de ningún tipo, pero eso no se debe hacer”, señaló Carolina Larriva, integrante de la asociación.
Señaló que el primer requisito para que los hombres sean aceptados en No Más Hijos Rehenes es que cumplan con el pago, sin embargo, reconoció que no están exentos de alguna situación que los obligue a incumplir.
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“No dudamos que en el inter hayan perdido el trabajo; un divorcio es algo muy doloroso, tanto para hombres como para mujeres. A veces tiene que ver mucho el tema psicológico y el emocional y finalmente (los hombres) hasta pierden trabajo”, explicó Larriva.
La violencia doméstica, expresó, no es privativa del sexo femenino, el masculino también la sufre en mayor o menor grado.
“Imagínate a un papa que haya sufrido violencia, que no ve a sus hijos y tal vez hasta perdió el trabajo”, dijo Larriva, “y además está en una batalla legal y lamentablemente no van a tener recursos para darles a sus hijos. Creo que al tercer mes (de no pagar pensión) les quitan la patria potestad.
“Vamos a suponer que batalle dos meses y que no pueda aportar. ¡Imagínate! que lo ponen en un buró de crédito; difícilmente va a volver a encontrar trabajo”.
Recordó que empresas como CEMEX o Cervecería primero analizan la situación en buró de crédito de sus futuro empleados y si están en este registro, no son candidatos a contratación porque se les considera con insolvencia económica e insolvencia moral.
“¡Qué duro!, aparte que les quitas a los hijos y están en una batalla campal en la que están pagando abogados y les toca la mala suerte de perder su trabajo por alguna enfermedad que no tenía o algún accidente”.
Ese tipo de leyes, señaló Larriva lo único que hacen es agredir al hombre.
“Yo no sé qué mentalidad… soy mujer, tengo hijas y realmente me duele lo que está pasando porque seguramente tiene un origen económico y político. Es algo inaudito eso que se está dando, la verdad”.
