El Congreso de Nuevo León presentaría una Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad a nivel local o federal en contra de actos u omisiones del Ejecutivo estatal y de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, de su titular y de toda autoridad responsable por la omisión de presentar el proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2023.
Esto en los términos de la fracción XIX del artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
Además, se autorizó a la Dirección Jurídica para que presente el análisis y en su caso elabore el o los proyectos de demanda de Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad ya sea en el ámbito local o federal según se determine, así como a la Presidencia de la Mesa Directiva, para que, en representación legal del Poder Legislativo intervenga en la presentación y tramitación de la o las mismas, hasta su resolución.
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La legisladora Ana González señaló que el Ejecutivo incumplió con el plazo constitucional para presentar el proyecto de presupuesto.
Incluso llegó a manifestar que presentaría el proyecto de presupuesto hasta que se aprobará la Ley de Ingresos.
“Al existir un acto de autoridad del Poder Ejecutivo que viola normas constitucionales, es procedente promover el mecanismo de control constitucional denominado Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad, dependiendo sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 135 y II del artículo 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como 105 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, explicó.
González añadió que se señala que conforme al artículo 60, fracción I inciso C de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, la presidencia de la Mesa Directiva es quien tiene la representación de este Poder Legislativo en los asuntos de carácter legal, pudiendo delegar dicha representación.
González expresó que se constituye un hecho inédito en el proceso presupuestario del Estado, así como una violación clara y evidente a la Constitución.
“La omisión de presentar el proyecto de presupuesto no sólo quebranta el orden constitucional, sino que tiene efectos negativos profundos sobre la vida de los neoleoneses.
“Al existir un impedimento para discutir el proyecto de gasto público para el 2023, se le priva a la población de destinarse recursos que cubran sus necesidades en materia de servicios públicos municipales como alumbrado y pavimentación, salud, educación, movilidad y seguridad, entre otras”, indicó.
Como representantes populares, añadió la legisladora, se debe respetar y hacer respetar la Constitución, por lo que, ante este escenario, es necesario acudir a Tribunales, a fin de resolver esta problemática a través de los medios de control constitucional.
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“De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso con la población neoleonesa de promover en todo momento la certeza y seguridad jurídica de los gobernados”, añadió.
