Porque existe un acto de autoridad del Poder Ejecutivo que viola normas constitucionales, el Congreso del Estado consideró que es procedente promover el mecanismo de control constitucional denominado Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad y con ello, los legisladores impedir que el gobernador ejerza el Presupuesto de 2022 porque es inconstitucional.
Con mayoría de votos (28), 11 en contra y dos abstenciones, el Pleno del Legislativo aprobó, en Sesión Ordinaria, que la Dirección Jurídica presente la controversia.
“Se autoriza a la Dirección Jurídica de este Poder Legislativo para que presente el análisis y en su caso elabore el proyecto o los proyectos de demanda de Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad, ya sea en el ámbito local o federal según se determine, así como a la presidencia de la Mesa Directiva, para que en representación legal de esta soberanía, intervenga en la presentación y tramitación de la o las mismas, hasta su resolución”, señaló el coordinador de la bancada del PAN, Carlos De la Fuente.
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En los últimos días, el Ejecutivo estatal ha reiterado que aplicará el mismo presupuesto del año anterior porque están incluidos todos sus proyectos prioritarios.
Y el lunes, el tesorero de Nuevo León, Carlos Garza Ibarra, retieró que el Presupuesto de Egresos 2023 será “igualito” al del año pasado, aunque hay una suspensión a través de la cual el Ejecutivo está obligado a presentarlo de forma inmediata.
De la Fuente señaló que la Constitución local es el texto donde se establecen las bases de organización del estado democrático. Con la finalidad de promover la división de poderes, dicho texto constitucional establece diversos mecanismos de pesos y contrapesos.
“Uno de estos mecanismos lo encontramos en el proceso presupuestario, donde, de acuerdo al artículo 125, fracción XIX corresponde al Ejecutivo presentar a este Congreso el presupuesto de egresos del Estado señalando como plazo constitucional para esto a más tardar el día 20 de noviembre de cada año.
“Sin embargo, el Ejecutivo no cumplió con este plazo constitucional, omitiendo la presentación de este proyecto de presupuesto, señalando que no se encuentra en posibilidades de presentar el proyecto de presupuesto hasta que se vote la Ley de Ingresos, argumento que no encuentra justificación jurídica. No obstante, ya hemos aprobado la Ley de ingresos 2023 sin que el Ejecutivo haya presentado el proyecto de egresos 2023 como había acordado”.
Más recientemente, añadió el blanquiazul, el Ejecutivo señaló que utilizará el presupuesto de este año 2022.
“Situación a todas luces inconstitucional ya que la Constitución únicamente permite esto en caso de que no se publique el del próximo año, y no en caso de que no se presente dolosamente por parte del Ejecutivo el del próximo año”.
Esta situación, expresó el legislador, constituye un hecho inédito en el proceso presupuestario del Estado, así como una violación clara y evidente a la Constitución.
“La omisión de presentar el proyecto de presupuesto y pretender emplear el del año actual dolosamente y sin sustento legal no sólo quebranta el orden constitucional, sino que tiene efectos negativos profundos sobre la vida de los neoleoneses, dejando en el limbo jurídico y en una absoluta falta de certeza jurídica el gasto del siguiente año.
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“Ya que al existir un impedimento para discutir el proyecto de gasto público para el 2023, se le priva a la población de destinársele recursos que cubran sus necesidades en materia de servicios públicos municipales como alumbrado y pavimentación, salud, educación, movilidad y seguridad, entre otras”, destacó De la Fuente.
