La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó que se inicie un juicio político en contra del gobernador Samuel García por no haber presentado a tiempo el Presupuesto de Egresos 2023.
“Se inicia procedimiento de juicio político en contra de Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador constitucional del estado de Nuevo León”, se leyó durante la sesión ordinaria realizada este lunes.
A través de la Dirección Jurídica del Congreso se emplazará al mandatario estatal para que exponga lo que a su derecho convenga o compareciendo en un término de cinco días hábiles contados al día siguiente de que sea notificado.
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El juicio político contra el gobernador se debe a que no presentó en tiempo el Presupuesto de Egresos 2023 y la Comisión consideró que esto era muy grave para el Estado. La fecha límite era el 20 de noviembre de 2022.
El mandatario estatal también fue señalado por no haber publicado 56 decretos aprobados por el Legislativo.
La comparecencia de García deberá ser el 10 de febrero a las 16:30 horas en el vestíbulo del Congreso de Nuevo León.
Es un capricho del PRIAN: Movimiento Ciudadano
Las diputadas de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes y Sandra Pámanes, coincidieron en señalar que el análisis del juicio político planteado contra el gobernador Samuel García en la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado no tiene fundamentos y que corresponde a un capricho del PRIAN.
Pámanes afirmó que la solicitud de juicio político no se justifica porque los decretos que señala la denuncia ya han sido publicados; además de que el presupuesto ya aprobado no representa un daño al estado.
“La falta de seriedad y validez de la información presentada por los denunciantes, que no se justifica por que ya han sido publicados los decretos, que se señalan y que la misma Constitución tiene la salvedad acerca de la presentación del presupuesto”, dijo la vicecoordinadora de la Bancada Naranja.
Ante las inconsistencias, Pámanes solicitó que se desechara la propuesta de juicio político, ya que se solicitó por el PRIAN sólo por revanchismo político, pero sin tener fundamentos válidos.
“Se desprenden una serie de inconsistencias por las cuales esta solicitud de juicio político, o de revanchismo político, tendríamos que llamarlo así, presentada por el PRI y por el PAN, no tiene ya una razón de ser”, enfatizó Pámanes.
Reyes señaló también la falta de seriedad del Legislativo al señalar que la Comisión fue convocada tan sólo una hora antes y que no se circuló el proyecto con anticipación; es decir, la Comisión Anticorrupción sesionó sin conocimiento de lo que decía el dictamen.
“Notifican a las 11:53 (horas), aproximadamente, que tenemos sesión a la una de la tarde, no circulan proyecto que se creó en dos horas. Esta es la poca seriedad con la que se toma un cuerpo legislativo al iniciar los procesos para quitar un gobernador del Estado”, comentó Reyes. “No nos damos cuenta de la gravedad y el fondo que representa para Nuevo León siquiera plantear esta idea. Me apena de cómo nos estamos tomando con poca seriedad como un cuerpo legislativo este Congreso, cuando debería ser un cuerpo Honorable y técnico”, agregó la legisladora.
Las diputadas además señalaron que se está violando el Artículo 15 de la Ley de Juicio Político, el cual establece que se tienen cinco días hábiles para determinar la procedencia del Juicio Político.
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“El Artículo 15 de la Ley de Juicio Político es claro, tenemos 5 días hábiles para haber resuelto este asunto, la denuncia se presentó el 12 de diciembre, estamos incumpliendo con un plazo que nos marca la Ley. Supongo que aquí no habrá responsabilidad para nosotros”, dijo Reyes.
