El Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría, y en primera vuelta, quitar al gobernador la Dirección de Defensoría Pública y elevarla a nivel de instituto, el cual sería autónomo y su titular podrá ser designado por el Poder Legislativo.
La sesión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales se desarrolló el miércoles ante el rechazo de los diputados emecistas Iraís Reyes y Eduardo Gaona, coordinador de la bancada naranja en el Congreso.
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Los legisladores señalaron que PRI y PAN desean continuar con el “golpeteo político” en contra de Samuel García.
Gaona recordó que el PRIAN, primero se quedó con el Tribunal Superior de Justicia, posteriormente intentaron quedarse con la Fiscalía de Justicia y ahora con la defensoría.
“Es un atentado contra la división de poderes que ya se ha venido intentando por esta comisión en contra del Ejecutivo y querer que esté subordinado a este Congreso”, manifestó el coordinador emecista.
Sin embargo, Filiberto Flores, presidente de la Comisión, solicitó que no se politice el asunto.
“La defensoría pública es una función estatal elemental para garantizar el acceso a la justicia de la población. Bajo esta lógica, es esencial contar con un Instituto de la Defensoría Pública especializado y autónomo”, señaló Flores en un posicionamiento.
Para esto, agregó, el dictamen a discusión prevé que el Estado debe garantizar la existencia de un servicio de Defensoría Pública de calidad para la población y asegurar las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores, señalándose en el texto constitucional local que las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a los que correspondan a los agentes del Ministerio Público.
“Además, se estipula que el Instituto de Defensoría Pública del estado de Nuevo León pasará a ser un Órgano Constitucional Autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión; plena independencia funcional y financiera; capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna”, añadió Flores.
Jesús Gómez, diputado panista, indicó que Movimiento Ciudadano busca imponer abogados en la Defensoría Pública con miras a la elección del 2024.
“El instituto será un organismo constitucional autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Contará con autonomía técnica y de gestión; plena independencia funcional y financiera; capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna, de conformidad con lo previsto en la ley”, expresó.
El dictamen fue aprobado con 27 votos a favor, 10 en contra y dos en abstención.
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La definición del titular del instituto corresponderá al Congreso y se realizará cada seis años o cuando se dé su ausencia definitiva.
