El Congreso de Nuevo León “dio para adelante” y exhortó a Norma Lucía Piña Hernández, titular del Consejo de la Judicatura Federal, para que investigue irregularidades en el expediente del amparo directo promovido por Samuel García.
El Legislativo aprobó el lunes el exhorto promovido por el Grupo Parlamentario del PAN.
El mandatario estatal promovió un amparo en el Juzgado Octavo de Distrito en Tamaulipas, a cargo del Faustino Gutiérrez Pérez por el juicio político promovido en su contra por el Congreso de Nuevo León.
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El Punto de Acuerdo fue presentado el lunes en tribuna por el diputado Jesús Gómez Reyes.
En el exhorto se pide a Piña Hernández que dé vista al Ministerio Público Federal por los posibles hechos constitutivos de delitos a los que en su caso haya lugar, respecto de lo manifestado por el gobernador del Estado por presunta falsedad de declaraciones ante una autoridad federal por lo manifestado en la demanda dentro del expediente del mencionado amparo.
Gómez Reyes recordó que en torno al amparo promovido por Samuel García se emitieron dos suspensiones distintas por el juez y la dada a conocer en la tabla de avisos del juzgado.
“Estamos ante dos suspensiones distintas en un mismo asunto por lo que no hay certeza jurídica de cuál es la suspensión que este Congreso debe acatar”, explicó el legislador”.
Además, señaló, el gobernador, de manera dolosa e ilegal, busca la competencia de un juzgado de distrito de Tamaulipas alegando que está en peligro de deportación.
“Así que el gobernador está mintiendo, o ya sea a la autoridad judicial o al INE. En cualquiera de los dos casos, es un hecho grave que debe ser investigado por las autoridades competentes.
“No se puede utilizar de manera discrecional a las instituciones de impartición de justicia por encima de la ley”, añadió Gómez Reyes.
El legislador panista detalló que el segundo párrafo del Artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que el Consejo de la Judicatura Federal debe velar, en todo momento, por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia, imparcialidad y la legitimidad de las y los miembros de este último.
“La suspensión del amparo antes mencionada, sin duda vulnera dichos principios que debe tener todo juzgador, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica de los actos del amparo mencionado.
“Por lo tanto, el presente Punto de Acuerdo tiene como finalidad exhortar al Consejo de la Judicatura Federal para que investigue este caso, y de ser procedente sancione a los servidores públicos responsables, fortaleciendo la autonomía del Poder Judicial de la Federación y reforzando su legitimidad frente a la sociedad”, añadió Gómez Reyes.
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El Punto de Acuerdo fue aprobado por mayoría en Congreso.
