La elección del nuevo fiscal de Justicia de Nuevo León tiene un nuevo episodio con la solicitud del gobernador Samuel García de seleccionar al nuevo titular a través de una consulta pública, de acuerdo a un documento enviado por el mandatario al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Esto ante la aprobación, en primera vuelta, del Congreso local, en la que se acordó sacar al Ejecutivo del proceso de selección.
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García envió a Beatriz Adriana Camacho, presidenta del Instituto, un escrito en el que se indica que la ciudadanía debe elegir al titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Y si no, al menos establecer el procedimiento para ello.
El mandatario tiene, además, un amparo en la Suprema Corte de Justicia.
“Derivado de la iniciativa de reforma aprobada en primera vuelta por el Pleno del Congreso en fecha 21 de febrero, se debe someter a la aprobación de las y los ciudadanos conforme a los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la Constitución”, señala el escrito.
“Se tenga por presentada la presente petición de consulta popular en su modalidad de referéndum, cumpliendo con el artículo 24 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, versando sobre conservar facultad del gobernador del Estado para intervenir en el proceso para la designación del Fiscal General del Estado.
“Tenga por considerado el caso en concreto como una cuestión trascendente y sea sujeto a consulta popular en su modalidad de referéndum conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León”.
El mandatario solicita que el Instituto valide la documentación presentada y verifique su legalidad para que posteriormente sea turnada al Tribunal Superior de Justicia.
Incluida dentro de la Ley de Participación Ciudadana, la figura de referéndum tiene como objetivo que la ciudadanía participe vía votación.
“Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana valide la presente documentación, verificando la legalidad de la presente solicitud, resuelva sobre la legalidad y procedencia de la materia y túrnese al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León”.
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Además solicita se le notifique de cualquier respuesta a Javier Navarro, secretario general de Gobierno y a Ulises Carlín de la Fuente, consejero jurídico del Gobierno del Estado.
