Nuevo León está viviendo una etapa de “normalización” de la violencia familiar y ante este panorama, la diputada Consuelo Gálvez propondrá reforma al Código Penal para incrementar las penas para quien cometa este delito.
De acuerdo a datos de la organización México Evalúa, durante el 2020 el municipio de Escobedo fue una de las ciudades con mayor frecuencia de victimización por violencia familiar a nivel nacional, y la Fiscalía General de Justicia del Estado publicó que a enero de 2023 ya se tenían registradas mil 668 denuncias por violencia familiar, a comparación con la cantidad de mil 188 que se registraron en ese mismo mes en el 2022.
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“Estamos viviendo momentos en que la normalización de la violencia en la familia está cobrando la vida de nuestros niños y adolescentes. Como sociedad estamos permitiendo que vivan situaciones que ninguna persona, pero especialmente a ningún menor de edad le corresponde vivir, y a nosotros nos toca realizar acciones que permitan disminuir la no repetición de acciones graves contra los menores”, comentó Gálvez.
La legisladora emecista solicitará reforma al Código Penal de Nuevo León para que a quien cometa el delito de violencia familiar, se le aplique un agravante de dos terceras partes más a la pena que actualmente se establece.
Gálvez destacó que la intención es que con esta modificación al 287 Bis 1 del código, es, además de elevar la sanción, influir para que se reduzca de manera significativa la violencia física en los menores de edad.
“Lamentablemente hemos sabido en las últimas semanas que los padres le han quitado la vida a sus hijos, todos ellos menores de edad. Esto es un claro indicador de que tenemos un severo problema en los núcleos familiares y debemos combatirlo”.
Con esta modificación, añadió Gálvez, se busca establecer claramente la protección de los menores de 18 años de edad, al aumentar la pena contra quienes cometan el delito de violencia familiar contra ellos.
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Actualmente el artículo 287 Bis 1 del Código Penal establece solo este agravante a aquellos que violentan a mujeres embarazadas, adultos mayores o personas que no puedan resistir la conducta delictuosa, añadiendo en esta propuesta a personas menores de 18 años.
