Con el voto de la mayoría de los diputados el Congreso de Nuevo León aprobó suspender, por tiempo indefinido, sus actividades legislativas en protesta por la suspensión de amparo que el juez tamaulipeco Faustino Gutiérrez Pérez dictó en favor del gobernador Samuel García.
El Punto de Acuerdo fue leído por la priista Alhinna Vargas después de que trascendió que el martes Gutiérrez Pérez, juez octavo de Distrito en el vecino estado, concedió una medida cautelar para que el decreto del Poder Legislativo de Nuevo León, el cual buscaba, además que los diputados ratificaran a funcionarios de la UIF y SAT, presentar juicios políticos, hacer evidentes hechos de corrupción, faltas graves y juicios de jurisprudencia, no se publique ni surta efectos hasta que se resuelva el amparo de fondo.
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“La suscrita diputada Alhinna Berenice Vargas García, en representación de la presidencia de la directiva de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 60, fracción I inciso c de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León; así como de los artículos 1, 122 Bis y 141 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, me permito solicitar un Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes”, leyó la legisladora.
Actualmente en el Estado, señaló, se vive una crisis institucional agravada por la judicialización de diversos asuntos entre este Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo local.
“Lamentablemente lejos de brindarle certidumbre jurídica a la población de Nuevo León, la actuación del licenciado Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, en su proveído dentro del amparo número 407/2023, ha contribuido a vulnerar la confianza ciudadana en nuestras instituciones democráticas.
“Sorpresivamente, el día de hoy, se hizo del conocimiento de que dicho juez de Distrito concedió la suspensión provisional al gobernador del Estado para efectos de que no entren en vigor las reformas constitucionales aprobadas por este Congreso”.
Vargas añadió que esta resolución representa un exceso en el ejercicio de la función jurisdiccional del juez Faustino Gutiérrez Pérez, dado que formalmente al estar adscrito al juzgado Octavo de Distrito en Tamaulipas es evidentemente incompetente para resolver asuntos de Nuevo León.
“Lamentablemente observamos que este tipo de actuación no es nueva para este juez, llegando hasta ser investigado por la Fiscalía General de la República por delitos contra la administración de justicia, por la emisión de resoluciones en favor de múltiples funcionarios.
“Regresando al caso concreto de Nuevo León, este juez señala que las reformas constitucionales aprobadas por esta Legislatura presuntamente violan el principio de no retroactividad de la ley, bajo el argumento de que el gobernador debe realizar sus funciones aplicándose el marco normativo vigente a la fecha de que este asumió su cargo”.
Siguiendo la lógica del juez y de ser este el caso, la Nueva Constitución, La Ley orgánica de esta administración y todo el cúmulo de reformas que se han realizado en esta legislatura, no deberían estar en vigor, destacó Vargas, ya que según el juez representaría una violación al principio de no retroactividad dado que no se encontraba vigente al momento del inicio de esta administración.
“Y luego dice el propio juez que las reformas que se hagan durante esta administración deberán aplicarse al próximo gobierno electo en el 2027″.
En un extracto de la suspensión se lee que la entrada en vigor de las reformas contenidas en el Decreto 340 del Congreso de Nuevo León, la limitación y restricción en tales designaciones, funciones, funciones y atribuciones, no serían aplicables al quejoso en su carácter de actual gobernador, sino en todo caso, a quien ejerza la gubernatura resultado de la próxima contienda electoral para ese cargo.
El Punto de Acuerdo concluyó con la siguiente lectura:
“La Septuagésima Sexta Legislatura al H. Congreso del Estado constituida en Pleno, como máxima autoridad del Poder Legislativo, autoriza cerrar la sesión de pleno y paralizar toda función del Congreso con motivo de los hechos presuntamente irregulares derivados de la actuación del juez Octavo de Distrito en materia administrativa en el Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, por la resolución dentro del incidente de suspensión 407/2023-1. y hasta que la presidencia de la directiva resuelva lo contrario”, detalló Vargas.
MC señala que se ensucia la imagen de diputados
En tribuna, la diputada emecista Iraís Reyes señaló que con este acto lo único que se conseguirá es que la ciudadanía reafirme su idea de que los diputados son flojos al agregar días a sus vacaciones de Semana Santa.
“Esto me parece que es más un show, un show que quieren llevar a otro extremo, a otro nivel y sobre todo ahora en paralizar las actividades en este Congreso. Creo que ellos ya las habían paralizado desde hace un buen tiempo porque lamentablemente este congreso ha dejado de funcionar como debe ser. Estamos quedando muy mal, estamos dando un mensaje muy equivocado a la ciudadanía acerca de lo que nos corresponde hacer como legisladores”, expresó tajante la legisladora Sandra Pámanes.
“Estamos a la disposición de la mesa directiva, que en cualquier momento y de manera caprichosa, un berrinche, los legisladores del PRI y el PAN dicen que la resolución no les gusta. Afortunadamente hay autoridades fuera de este Congreso que sí pueden poner límites”, agregó Pámanes.
En una conferencia de prensa posterior, diputados del PAN y del PRI coincidieron en señalar que el juez tamaulipeco tiene secuestrado al Congreso con su resolución.
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El Punto de Acuerdo fue aprobado con 29 votos a favor, 10 en contra y una abstención.
