A punto de cumplirse una semana de que diputados de PAN y PRI en el Congreso local decidieron suspender actividades legislativas en protesta por los amparos concedidos por el juez Faustino Gutiérrez Pérez, en favor de Samuel García, los legisladores volverán al Pleno este martes.
Un documento firmado por Mauro Guerra, presidente del Congreso, señala que será el 21 de marzo cuando se desarrolle la Sesión Ordinaria de Pleno, la cual fue suspendida el 15 de marzo:
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“Con fundamento en lo señalado por los artículos 60 fracción I incisos a), i), j) y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, así como los correlativos 21, 24 fracción XIV y 64 fracciones II, IV y X del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso expongo lo siguiente:
Añade que de conformidad con la disposición contenida en el artículo tercero del Acuerdo Administrativo número 77 de la LXXVI Legislatura, la presidencia resuelve la reanudación de los trabajos correspondientes al Pleno así como de los órganos de trabajos legislativos.
“En virtud de lo anterior, se instruye a los órganos de soporte técnico y de apoyo brindar el auxilio respectivo para el desarrollo de las funciones de los órganos legislativos, así como para el desarrollo de la Sesión Ordinaria de Pleno para el 21 de marzo”, añade el documento.
Con el voto de la mayoría de los diputados el Congreso de Nuevo León aprobó suspender, por tiempo indefinido, sus actividades legislativas el 15 de marzo.
El Punto de Acuerdo fue leído por la priista Alhinna Vargas después de que trascendió que el martes Gutiérrez Pérez, juez octavo de Distrito en el vecino estado, concedió una medida cautelar para que el decreto del Poder Legislativo de Nuevo León, el cual buscaba, además que los diputados ratificaran a funcionarios de la UIF y SAT, presentar juicios políticos, hacer evidentes hechos de corrupción, faltas graves y juicios de jurisprudencia, no se publique ni surta efectos hasta que se resuelva el amparo de fondo.
“La suscrita diputada Alhinna Berenice Vargas García, en representación de la presidencia de la directiva de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 60, fracción I inciso c de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León; así como de los artículos 1, 122 Bis y 141 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, me permito solicitar un Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes”, leyó la legisladora.
Actualmente en el Estado, señaló, se vive una crisis institucional agravada por la judicialización de diversos asuntos entre este Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo local.
“Lamentablemente lejos de brindarle certidumbre jurídica a la población de Nuevo León, la actuación del licenciado Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, en su proveído dentro del amparo número 407/2023, ha contribuido a vulnerar la confianza ciudadana en nuestras instituciones democráticas.
“Sorpresivamente, el día de hoy, se hizo del conocimiento de que dicho juez de Distrito concedió la suspensión provisional al gobernador del Estado para efectos de que no entren en vigor las reformas constitucionales aprobadas por este Congreso”.
Vargas añadió que esta resolución representa un exceso en el ejercicio de la función jurisdiccional del juez Faustino Gutiérrez Pérez, dado que formalmente al estar adscrito al juzgado Octavo de Distrito en Tamaulipas es evidentemente incompetente para resolver asuntos de Nuevo León.
“Lamentablemente observamos que este tipo de actuación no es nueva para este juez, llegando hasta ser investigado por la Fiscalía General de la República por delitos contra la administración de justicia, por la emisión de resoluciones en favor de múltiples funcionarios.
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“Regresando al caso concreto de Nuevo León, este juez señala que las reformas constitucionales aprobadas por esta Legislatura presuntamente violan el principio de no retroactividad de la ley, bajo el argumento de que el gobernador debe realizar sus funciones aplicándose el marco normativo vigente a la fecha de que este asumió su cargo”.
