Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad de Nuevo León, informó que ocho elementos de Fuerza Civil fueron dados de baja de forma deshonrosa por haber participado en un secuestro exprés.
Siete de los uniformados ya fueron detenidos y el octavo se encuentra de incapacidad, pero está por ser arrestado.
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“Son los resultados de una investigación interna que llevamos a cabo en Fuerza Civil. El 3 de febrero encontramos, en la revisión del patrullaje, una anomalía: dos patrullas que se salieron del cuadrante asignado en el municipio de Apodaca por lo que iniciamos una investigación”, expresó Palacios Pámanes.
La averiguación, añadió, consistió en recabar videos en el C5 y en el C4 de Apodaca.
“Constatamos una conducta irregular de la tripulación de estas dos patrullas, en total ocho policías”, añadió el secretario.
Tras la revisión se dieron cuenta que el 2 de febrero, alrededor de las 16:30 horas se salieron, sin autorización y sin haberlo informado vía radiofrecuencia al C5, del cuadrante de patrullaje que tenían asignado.
“Abordaron al conductor de una camioneta pick up, le ordenaron descender de su vehículo particular y lo introdujeron en una de estas dos patrullas de Fuerza Civil.
“Estando dentro le dijeron que tenían conocimiento de actividades ilícitas y que lo entregarían a la Policía Ministerial para que terminara preso”.
Palacios Pámanes añadió que en el acto, y a bordo de otro vehículo, llegaron cuatro civiles, cada uno de ellos portando una placa tipo charola de la Agencia Estatal de Investgaciones (AEI).
“Aclaro que no eran policías ministeriales, sino gente que se hizo pasar por policías ministeriales para continuar con el ardid hacia este ciudadano, varón, mayor de edad y le exigieron dinero a cambio de no ser detenido”, añadió el funcionario.
La actividad, es decir, subir al ciudadano a la patrulla, tampoco fue informada por radiofrecuencia al C5.
“Sin lugar a dudas se trataba de un acto contrario a la ética que es exigible a todo policía”, aseguró.
Palacios Pámanes añadió que los policías de FC y los cuatro civiles, obligaron al ciudadano a llamar a un familiar y le exigieron 130 mil pesos.
“Cuando recibieron el dinero lo dejaron ir. El sujeto subió a su camioneta se retiró del lugar”.
Los uniformados podrían alcanzar una pena de hasta 100 años tras las rejas sin posibilidad de salir antes por buen comportamiento.
Los elementos de la corporación fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el plagio del hombre cuya identidad no fue revelada.
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“Este fue el resultado de los trabajos de contrainteligencia que tiene dos objetivos: vigilar a los vigilantes y evitar que el crimen organizado tenga acceso a la corporación”, señaló el secretario de Seguridad. “Teníamos nuestra investigación lista para notificar a estos individuos su baja deshonrosa de la corporación, pero decidimos esperar a que quedara concluida la carpeta de investigación y el Ministerio Público solicitara y obtuviera de un juez penal las órdenes de aprehensión”.
