El estudio denominado “Niños, niñas y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada” arrojó un dato de impacto: El 90% de los menores que han sido imputados por cometer algún delito en Nuevo León están vinculados con el crimen organizado.
La información corresponde a octubre de 2021 y fue elaborada por la asociación civil Reinserta.
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Ante este panorama, Heriberto Treviño Cantú, coordinador priista en el Legislativo, presentará una iniciativa de reforma a la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la que se buscará evitar, a toda costa, que los menores sean reclutados por grupos delictivos.
Treviño Cantú, quien también preside la Comisión de coordinación y régimen interno del Congreso local, explicó que el espíritu de la reforma busca generar una responsabilidad compartida entre el Estado y los padres de familia o tutores para impedir que los menores caigan en manos de pandillas o grupos criminales.
“El tesoro más preciado que tenemos son nuestras niñas, niños y adolescentes, porque son el futuro de Nuevo León”, expresó el legislador. “Y tenemos que actuar desde el Congreso para protegerlos ante las amenazas que atentan contra su seguridad e integridad”.
“Como pandillerismo o bandas del crimen organizado, para que no se vean envueltos en alguna actividad que perturbe su desarrollo integral”, explicó Treviño Cantú.
Para ello, indicó, tiene lista una iniciativa de reforma que contempla modificar el artículo 16, la fracción VIII del artículo 49 y la fracción VII del artículo 121 de la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes para el Estado.
“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar una vida libre de violencia a los menores, pero es obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda o custodia de ellos, incluyendo las instituciones públicas, vigilar e impedir que los menores caigan en las garras de la delincuencia.
“Es decir, necesitamos generar una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad”.
Treviño Cantú reiteró que el estudio arrojó que el 90% de los menores que han sido imputados en Nuevo León por cometer algún delito están vinculados con el crimen organizado.
“Las consecuencias de este fenómeno son lamentables, porque los menores reclutados dejan la escuela, además que, generalmente, provienen de familias donde se presentan altos niveles de violencia, pobreza, abusos físicos y psicológicos que influyen en su desarrollo”.
Otra gravedad de dicha problemática, añadió el diputado, es que se ha detectado que menores enrolados en actividades ilícitas comienzan a fungir como reclutadores de otros menores y se convierte en un círculo vicioso que se debe combatir.
“Y esta reforma busca contribuir a ese objetivo”, alertó.
Particularmente, la reforma al artículo 16 de la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes para el Estado, establecería que:
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“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos, ni ser reclutados para participar en asociaciones delictuosas, de pandillerismo o de crimen organizado, a fin de que cometan algún delito o actividad que perturbe su desarrollo integral”.
